8  PARTE 5: PROPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA A FAVOR DEL SECTOR Y DEL PERÚ

A lo largo de veintidós años, la Federación y CAPECO han construido una relación basada en el diálogo y la cooperación, marcando un precedente en el Perú como un modelo efectivo de negociación colectiva y de propuestas conjuntas que trascienden el ámbito laboral. Esta alianza ha sido fundamental no solo para el desarrollo del sector construcción, sino también para enfrentar retos políticos, sociales y económicos que han impactado al país en las últimas décadas.

Ambas instituciones han destacado por su capacidad de reaccionar y pronunciarse ante los hechos que han influido en la marcha del sector. Desde la defensa de los derechos laborales hasta la lucha contra la corrupción han promovido en conjunto iniciativas concretas en beneficio de trabajadores como a empresarios.

El diálogo sostenido también ha permitido impulsar propuestas dirigidas a fortalecer la formalidad en la construcción. Han asumido un rol activo en la defensa de la seguridad ciudadana, denunciando la violencia en las obras de construcción y los ataques a dirigentes sindicales empresas constructoras. Han trabajado para proponer medidas efectivas que incluyan la prevención y sanción de delitos relacionados con la delincuencia organizada.

En otro ámbito, las dos organizaciones han alzado la voz para exigir políticas claras que promuevan el acceso a viviendas formales y sostenibles, así como la dotación de infraestructura eficiente que atienda necesidades sociales y de competitividad y la creación de un sistema de ciudades competitivas e inclusivas señalando la importancia de coordinar esfuerzos entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores.

En las siguientes páginas se incluyen algunos pronunciamientos públicos conjuntos, que destacan la posición común de CAPECO y la FTCCP frente a los principales desafíos del sector y del país en general que reafirman su propósito de trabajar juntos para superarlos.

8.0.1 Desafíos para reactivar y fortalecer el sector construcción

Febrero 2016

Durante el último año de gestión del gobierno de Ollanta Humala, el sector construcción sufrió una fuerte caída debido a la menor inversión pública en infraestructura y a la crisis económica mundial. Además, la violencia social que venía afectando a las obras de construcción desde una década atrás, comenzaba a extenderse a otros ámbitos de la actividad económica y de la sociedad. La recesión en este sector dejó en evidencia la necesidad de tomar medidas urgentes para reactivar la economía, especialmente en un contexto donde el mandato presidencial llegaba a su fin y el país se disponía a elegir a nuevas autoridades nacionales.

En ese contexto, CAPECO y la FTCCP convocaron al “1er Foro Construcción: Reactivación económica, seguridad ciudadana y derechos laborales”, iniciativa a la que se sumaron los colegios de arquitectos e ingenieros, en el que se presentó el Plan de Vivienda, Desarrollo Urbano e Infraestrucura 2016-2021, a los principales candidatos a la presidencia de la República. Luego, en mayo de ese mismo año, se organizó otro foro similar con los candidatos que pasaron a la segunda vuelta presidencial. El Plan se organizó en ocho líneas estratégicas: vivienda, marginalidad urbana, servicios públicos, infraestructura, competitividad y salud laboral, violencia en obras y política laboral en la construcción.

TRABAJADORES Y EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN JUNTOS POR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

La caída del sector construcción en 2015 fue motivada por la menor inversión pública en la construcción de infraestructura, en el marco de una crisis económica mundial, lo que ha generado un duro golpe a la economía de trabajadores y empresarios.

Asimismo, la violencia y extorsión en el ámbito de la construcción civil ha repercutido incluso en la ciudadanía, que percibe a la inseguridad como el principal flagelo de la sociedad peruana.

Urge, entonces, que el próximo Gobierno reactive el sector, acabe con la violencia en las obras y promueva la negociación colectiva, que en el ámbito de la construcción civil ha beneficiado, en consenso, tanto a los empresarios como a los trabajadores.

Para la reactivación económica de la construcción civil es necesaria la aplicación de un Plan Sectorial de mediano plazo. Este Plan necesita de la acción coordinada de los agentes públicos y privados del sector, la que debe expresarse en Consejos Consultivos en los Ministerios de Vivienda y de Transportes. Esto garantizaría, además, su articulación con una Política de Estado de objetivos a largo plazo.

Ante esta necesidad, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) organizan el I Foro Construcción: “Reactivación económica, seguridad ciudadana y derechos laborales”

A este foro, que se realizará el jueves 25 de febrero en la sede institucional de la FTCCP, están invitados los principales candidatos presidenciales, quienes plantearán sus propuestas sobre el tema.

DESAFÍOS DEL FORO:

1. VIVIENDA URBANA Y RURAL. Existe una demanda de más de 700.000 viviendas en las 35 principales ciudades del país y otras 700.000 viviendas rurales con mejores materiales y servicios básicos.

2. MARGINALIDAD URBANA. Dos de cada cinco pobladores de las ciudades viven en casi 9.000 barrios sin servicios suficientes básicos, pistas, veredas, áreas verdes o centros comunales. Hay 400.000 viviendas urbanas que deben ser reforzadas estructuralmente y 100.000 que deben ser reubicadas para evitar tragedias por fenómenos naturales.

3. SERVICIOS PÚBLICOS. Al 2014, casi 4 millones de peruanos carecen de agua potable y más de 9 millones no cuentan con alcantarillado. El 50% del agua producida se pierde por la antigüedad de las redes existentes. Se estima que se requerirán 17.000 millones de dólares para solucionar este problema.

4. INFRAESTRUCTURA. La brecha de infraestructura para el próximo quinquenio supera los 62.000 millones de dólares en el ámbito nacional, siendo los rubros más importantes Energía (11.400 millones), Carreteras (11.000 millones), Banda Ancha (10.000 millones) y Salud (9.500 millones).

5. COMPETITIVIDAD. La capacitación y la certificación laboral son importantes. Sin embargo, en estos últimos años, los fondos de SENCICO destinados a capacitación no han sido empleados.

6. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. Debe reducirse al máximo los accidentes laborales y los daños a terceros con la capacitación de los recursos humanos en seguridad y la adopción de buenas prácticas y de tecnologías innovadoras de gestión. Es necesario contar con seguros laborales y de riesgos a terceros.

7. VIOLENCIA EN OBRAS. La violencia es motivada principalmente por bandas de delincuentes que, bajo la fachada de falsos sindicatos, extorsionan, lesionan y asesinan a trabajadores, profesionales y empresarios. Desde 2011, la FTCCP ha sufrido el asesinato de 15 de sus dirigentes de bases. Hace siete años, la CAPECO colaboró en la implementación de una división de la Policía Nacional especializada en obras de construcción, la que desde 2015 se convirtió en una Dirección Nacional. El número de casos judicializados, sin embargo, es ínfimo, generándose una percepción de impunidad que fortalece a los delincuentes y desafía a la policía.

8. POLÍTICA LABORAL: MÁS PRODUCTIVIDAD CON EM-

PLEO DECENTE. El Sector Construcción es el único donde existe la “negociación colectiva por rama”. Gracias a ello, los acuerdos tomados han beneficiado a trabajadores, empresarios y Estado. Es necesario más diálogo que impulse salarios y condiciones laborales justas, fomentando la productividad con inversión en construcción de calidad para todos.

JUEVES 25 DE FEBRERO | AUDITORIO DE LA FEDERACIÓN DE TRABJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ (FTCCP) | PROLONGACIÓN CANGALLO N° 670, LA VICTORIA 9:30 AM

8.0.2 Compromiso político por el sector construcción

Mayo 2016

Durante el “Segundo Foro de la Construcción 2016”, organizado antes de la segunda vuelta electoral se propuso a los dos candidatos que postulaban a la presidencia de la República a que asumieran determinados compromisos para promover la actividad constructora teniendo en consideración los planteamientos del Plan de Desarrollo Urbano y Vivienda propuesto por la FTCCP, CAPECO, el Colegio de Arquitectos del Perú y el Colegio de Ingenieros del Perú.

Se invitó a los dos candidatos a suscribir una declaración que refrendó dichos compromisos, entre los que destacaba la necesidad de promover el empleo decente, la lucha contra la informalidad y la violencia en las obras, así como la necesidad de una inversión pública más eficiente en el sector construcción. Únicamente el candidato Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien posteriormente sería elegido presidente, suscribió la así llamada Declaración por el Crecimiento, la Seguridad y los Derechos Laborales en el Sector Construcción.

Para implementar estas iniciativas, PPK se comprometió a fortalecer el diálogo social entre el Gobierno, la FTCCP y CAPECO, entre otras entidades representantivas del sector, a través de consejos consultivos de vivienda e infraestructura. El Consejo de Vivienda se constituyó en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento luego de varios meses de insistencia. Sin embargo, estas insistencias de diálogo y consenso no tuvieron la debida relevancia por el poco interés del Ejecutivo de concertar una política de largo plazo. La Comisión de Infraestructura nunca llegó a constituirse, pese a la solicitud reiterada de CAPECO, la FTCCP y los colegios profesionales.

“DECLARACIÓN POR EL CRECIMIENTO, LA SEGURIDAD Y LOS DERECHOS LABORALES EN EL SECTOR

DE LA CONSTRUCCIÓN”

Por medio de la presente declaro y me comprometo a lo siguiente:

• Saludo en primer lugar, el ejemplo de diálogo social eficaz existente entre la FTCCP y CAPECO que se expresa en más de 15 años de Negociación Colectiva a nivel de Rama de Actividad que se desarrolla entre ambas representaciones sociales.

• Expreso mi compromiso en respetar y fortalecer la Negociación Colectiva por Rama de Actividad en el sector de la construcción que se establece entre la FTCCP y CAPECO.

• Expreso mi compromiso con el sector de la construcción en el país y lo apoyaremos mediante una mayor y más racional ejecución de la inversión pública en alianza con el sector privado.

• Nuestro compromiso con la seguridad ciudadana mediante medidas integrales para enfrentar la delincuencia y especialmente el problema de la violencia en las obras de construcción.

• Rechazo todo vínculo o reconocimiento a las bandas delincuenciales que operan como falsos sindicatos en el sector de la construcción.

• Promoveremos el desarrollo de políticas de empleo decente en el sector reduciendo la informalidad y garantizando el respeto a los derechos laborales sin discriminación de ninguna clase.

• Garantizamos el respeto a los derechos laborales y las libertades sindicales, promoviendo el empleo decente con derechos.

• Promoveremos el respeto a las normas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo para lograr su eficacia resguardando la vida y salud de los trabajadores y trabajadoras del país.

• Apoyaremos la labor institucional en beneficio de los trabajadores de la construcción y sus familias que desarrolla el Comité Nacional del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los trabajadores de construcción civil (CONAFOVICER) como institución de carácter privado conducida por trabajadores, empresarios y el Estado.

• Me comprometo a promover el diálogo y la colaboración con las entidades representativas de los trabajadores, profesionales y empresarios de la construcción, a través de Consejos Consultivos de Vivienda e Infraestructura.

8.0.2.1 Exigiendo un acuerdo

por la integridad en la construcción

Febrero 2017

El panorama del sector construcción cambió drásticamente con el estallido del caso LavaJato. En diciembre de 2016, los representantes de Odebrecht en Perú, reconocieron haber entregado dinero ilícito a altos funcionarios públicos incluyendo a expresidentes de la República, revelación que sacudió al país y generó una crisis de confianza en el sector y en las autoridades políticas. Ante esta situación, CAPECO, la FTCCP, el Colegio de Ingenieros del Perú y el Colegio de Arquitectos del Perú, organizaciones ya articuladas en el Consejo Permanente por la Vivienda, la Construcción y el Territorio, emitieron un pronunciamiento conjunto exigiendo investigaciones exhaustivas y alertando sobre el peligro que la corrupción representaba para la estabilidad democrática y económica del país.

Conforme avanzaron las investigaciones fiscales sobre este caso, otro peligro se fue haciendo más evidente pues las acusaciones de corrupción se extendieron a todos los presidentes de la República que ejercieron el poder a partir del 2001, a otros altos líderes políticos y autoridades regionales y locales. A eso se sumó la ralentización de la actividad económica que se mantiene a la fecha, y, a raíz de todo ello, el aumento de la desconfianza ciudadana en sus autoridades y en las instituciones democráticas.

Pero para reducir el impacto de estos hechos delictivos y, sobre todo, para evitar que hechos similares se repitan en el futuro, estas entidades propusieron la suscripción de un Pacto Ético por la Actividad Constructora, que abordó siete objetivos clave. Este pacto buscó sentar las bases de un nuevo estándar en la actividad constructora, centrado en la transparencia, la responsabilidad y la cooperación entre los sectores público y privado, con el objetivo de salvaguardar tanto el desarrollo sostenible de la construcción como la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Este llamado, sin embargo, no encontró eco en la clase política nacional; que optó por el enfrentamiento entre partidos y poderes del Estado, actitud que más bien agravó la crisis política, el conflicto social y el estancamiento económico.

Consejo Permanente por la vivienda, la construcción y el territorio

8.0.2.1.1 HACIA UN PACTO ÉTICO EN LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA

Frente a las graves denuncias sobre prácticas corruptas que se habrían producido en la ejecución de obras públicas y en procesos de concesión de infraestructura, el Consejo Permanente por la Vivienda, la Ciudad y el Territorio integrado por entidades representativas de trabajadores, profesionales y empresarios del sector construcción, demandamos una profunda investigación de estos deplorables hechos que perjudican gravemente a nuestra economía; afectan las condiciones de vida de los ciudadanos, especialmente los de menores ingresos; y vulneran la institucionalidad democrática de nuestro país.

Requerimos al Ministerio Público y al Poder Judicial para que, actuando con independencia y celeridad y buscando la colaboración de autoridades jurisdiccionales que llevan a cabo procesos de investigación que han alcanzado resultados visibles en otros países, identifiquen y sancionen a los responsables de hechos delictivos, aseguren el debido resarcimiento económico y moral al Estado Peruano; y velen porque se reduzcan al mínimo posible los perjuicios a la población que espera contar con los servicios e infraestructuras ya los trabajadores vinculados a estas obras.

Sin embargo, no debe perderse de vista que la corrupción en nuestro país no se ha iniciado con estos lamentables casos, por lo que creemos urgente emprender acciones concretas para promover la ética en los procesos de contratación pública y, en general, en las relaciones entre el sector estatal y los gremios vinculados a la actividad constructora.

En esta perspectiva, no solo exigimos combatir y sancionar estos actos realizados, sino que además es necesario prevenirlos. Por ello, los gremios que conformamos este Consejo Permanente no solo nos comprometemos a separar de nuestras organizaciones a quienes hayan cometido delitos de corrupción, sino también a modernizar nuestras normas internas para difundir la ética y las buenas prácticas laborales, profesionales y empresariales entre todos nuestros. afiliados, así como para prevenir y sancionar severamente los actos de corrupción en la actividad constructora. Más aún, haremos el máximo esfuerzo para consensuar un Pacto por la Ética en la Actividad Constructora, que involucre al sector público y privado, y establecer principios, compromisos y acciones destinadas a proveer una construcción más segura, más competitiva y mejor orientada hacia la búsqueda. del bien común. Entre otros temas, este Pacto debe abordar:

1. El establecimiento de la meritocracia en la gestión pública, empoderando y protegiendo a los funcionarios públicos honestos y competentes, especialmente a aquellos vinculados

directamente a los procesos de contratación y los mecanismos de control de la administración estatal.

2. La modificación radical del modelo vigente de contratación pública, en todas sus modalidades, que ha demostrado su inoperancia y permeabilidad frente a la corrupción, mediante la introducción de medios tecnológicos y operativos innovadores que reduzcan los márgenes para actos impropios o delictivos.

3. El perfeccionamiento del marco de procedimientos administrativos del Estado vinculados con la construcción que afectan la seguridad jurídica, atentan contra la calidad de las construcciones y alientan la corrupción.

4. La implementación de cambios institucionales para asegurar la independencia, competencia, legitimidad e integridad de los órganos policiales y judiciales, particularmente los que tienen a su cargo el combate a la corrupción.

5. La reestructuración del modelo de descentralización de la administración estatal, a partir de acciones coordinadas y consensuadas, propiciando una distribución racional de facultades y de recursos en los tres niveles de gobierno.

6. La puesta en marcha de una estrategia integral para combatir la acción de bandas delincuenciales, seudo sindicatos y otras organizaciones ilegales y la presencia de falsos trabajadores en las obras de construcción, los que además de ser causantes de pérdidas humanas y materiales, constituyen una fuente de corrupción flagrante que se ha extendido por la inercia de las autoridades correspondientes.

7. La promoción de una cultura ciudadana en pro de la formalidad, el respeto a la ley y el rechazo a la corrupción. En esta línea, es indispensable encontrar una solución integral al problema de la invasión de terrenos que impide el crecimiento ordenado de las ciudades y dificulta el acceso de la población de menores ingresos a los servicios públicos y a la vivienda adecuada.

Somos conscientes de la gravedad de la hora presente, pero también de la irrepetible oportunidad que esta coyuntura crítica nos concede a todos los peruanos para encarar frontal y decididamente las falencias institucionales, legales y morales que han frustrado hasta el momento la aspiración de vivir en un país en el que las relaciones entre ciudadanos se rijan por la integridad, la transparencia y la solidaridad.

Quienes integramos este Consejo Permanente confiamos en que con una genuina voluntad política, unidos los peruanos sabremos salir fortalecidos de esta dura prueba.

Lima, 08 de febrero del 2017

José Enrique Arispe Chávez Decano Nacional 2014-2017 Colegio de Arquitectos

del Perú-CAP

Mario Huamán Rivera Secretario General Federación de Trabajadores en Construcción

Civil del Perú-FTCCP

Arturo Yep Abanto

Decano Nacional 2017-2020 Colegio de Arquitectos

del Perú

Francisco Osores Sánchez Presidente del Consejo Directivo Cámara Peruana

de la Construcción CAPECO

Jorge Alva Hurtado Decano Colegio Nacional de Ingenieros

del Perú-CIP

8.0.2.2 Modernizar ciudades

en vez de atender emergencias

Abril 2017

El contexto político y económico en el Perú estuvo marcado por los serios efectos del Fenómeno El Niño Costero, que tuvo lugar en el verano de 2017, con un impacto devastador en doce regiones y afectó a la economía del país. Este fenómeno climático provocó lluvias intensas, desbordes de ríos, inundaciones y huaicos, causando una crisis de emergencia nacional.

Para atender la emergencia, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski creó una Autoridad Autónoma encargada de ejecutar un Plan para la Reconstrucción con Cambios con inversiones por más de 22 mil millones de soles en un plazo de tres años, prorrogable por uno más. A pesar de los esfuerzos, el gobierno enfrentó fuertes críticas por la lentitud en la ejecución de las acciones de ayuda y prevención y de las inversiones en reconstrucción, así como cuestionamientos relacionados con casos de corrupción en obras públicas. Aún hoy, ocho años después de iniciado el Plan, las inversiones no han terminado.

En su momento, el Consejo Permanente predijo que un plan de reconstrucción no era suficiente y que la estrategia de responder a las emergencias solo cuando estas se produjeran era claramente insuficiente y presentó, más bien, una propuesta para modernizar las ciudades y acondicionar el territorio nacional que buscaba abordar los retos estructurales del desarrollo urbano y territorial en el país, tan vulnerable a los fenómenos naturales, desastres climáticos, deficiencias de infraestructura y con un crecimiento demográfico informal y desordenado.

El Plan buscaba alcanzar objetivos estratégicos que fueron detallados en propuestas específicas; y se difundió en foros y eventos con autoridades nacionales, locales y otros grupos de interés, sin éxito.

Consejo Permanente por la vivienda, la construcción y el territorio

8.0.2.2.1 PROPUESTA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS CIUDADES PERUANAS

Y LA TRANSFORMACIÓN DE NUESTRO TERRITORIO

Alternativa para un país en emergencia permanente

Frente a la gran afectación nacional motivada por desastres naturales severos, el Consejo plantea la necesidad de ir más allá del propósito de reparar las viviendas, restituir las infraestructuras y la operación de los servicios públicos.

Antes de un plan de reconstrucción, el Consejo Permanente plantea una Propuesta para la Modernización de las Ciudades Peruanas y la Transformación del Territorio Nacional.

Se busca adoptar una estrategia nacional para la atención de este y de futuros desastres naturales que debe ser incorporada a las políticas nacionales de desarrollo económico e inclusión social.

La estrategia permanente debe generar bienestar social, promover el crecimiento económico y asegurar la sostenibilidad y defensa del medio ambiente.

Un elemento clave en la estrategia es procurar la reducción sustantiva de la informalidad que es el

germen de la precariedad y la vulnerabilidad social, el freno más importante para la productividad y el principal problema ambiental del país.

La magnitud y extensión de la informalidad en el país se explican en gran medida por la incapacidad del Estado para enfrentarla. La estrategia planteada deberá generar confianza en la ciudadanía sobre compromiso estatal de combatirla y pretendía alcanzar los siguientes obtetivos:

• Planificación urbana y territorial.

• Gestión eficiente de infraestructuras.

• Optimización de la estrategia de ocupación de suelo.

• Diseño de un nuevo modelo de gestión del agua.

• Atención oportuna de las emergencias.

2017

8.0.2.3 Paralización de obras,

el peor perjuicio para el país

29 de mayo 2017

En mayo de 2017, la FTCCP y CAPECO se pronuncian en contra de los Proyectos de Ley 1410 y 1435 presentados en el Congreso de la República, que proponían impedir la contratación con el Estado a las empresas que estuvieran involucradas en investigaciones por corrupción y lavado de activos sin haber sido condenadas.

Se alertaba también sobre el impacto negativo que la aprobación de dicha ley iba a producir en la industria de la construcción, que representa más del 6% del PBI nacional. La restricción para contratar con el Estado amenazaba con el cierre de empresas, perjudicando toda la cadena logística del sector.

La FTCCP y CAPECO promovieron un diálogo con actores públicos y privados, incluidos Congreso y Ejecutivo, para buscar una norma que equilibrara la lucha contra la corrupción con la continuidad de las actividades económicas y la urgencia de poner en marcha las infraestructuras. Gracias a este esfuerzo, la Comisión de Economía convocó a diversos sectores y se aprobó la Ley n.° 30737, que asegura el pago inmediato de la reparación civil en casos de corrupción y delitos conexos.

Lamentablemente, esta ley no se ha logrado aplicar de forma extendida debido a la actitud reactiva de los funcionarios públicos encargados de las obras, por el temor de ser señalados como cómplices de la corrupción. Sin embargo, en aquellos casos en los que sí se ha empleado, las obras se han terminado de ejecutar y la reparación civil ha sido cobrada.

Esta iniciativa legislativa partía de la convicción de que las empresas constructoras involucradas en corrupción debían ser intervenidas, incautados sus activos y paralizadas sus obras, a fin de lograr el cobro inmediato de la reparación civil que el país tenía derecho a exigir.

En su pronunciamiento, CAPECO y la FTCCP advirtieron que estas medidas no lograrían su objetivo, considerando que el patrimonio y activos de las empresas representaban apenas una fracción de las inversiones, y que el perjuicio por no culminar las obras sería mucho mayor al daño causado por la corrupción.

8.0.2.3.1 COMUNICADO

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) rechazan y combaten cualquier tipo de acción dolosa y de actos de corrupción entre ciudadanos privados y en sus relaciones y contrataciones con el Estado.

Ante los Proyectos de Ley 1410 y 1435, presentados en el Congreso de la República, que pretenderían limitar la acción y contratación con el Estado de empresas sujetas a investigación por corrupción y lavado de activos, sin haber sido condenadas, nos vemos en la obligación de informar a la opinión pública las consecuencias que tendría la aprobación de los mencionados Proyectos de Ley:

• Trasgresión a los principios constitucionales de los derechos fundamentales al trabajo, a la libre contratación ya la presunción de inocencia, dando por hecho el haber cometido un delito sin haber sido investigado ni condenado.

• Estos proyectos legislativos destruirán la industria peruana de la construcción, un importante sector que representa más del 6% de la economía del país, afectando a una importante cantidad de empresas. El impacto social es enorme. Sus ingenieros, trabajadores en Construcción Civil, empleados, proveedores de bienes y servicios, cliendan su trabajo. Este impacto también afectará a la cadena logística, no sólo del sector de construcción, sino de los que prestan servicios a este sector.

Llamamos la atención del Congreso de la República, sobre las consecuencias que la aprobación de dichos proyectos significará para la economía del país, los efectos negativos sobre la industria de la construcción, y el impredecible impacto social a sus trabajadores de construcción civil, ingenieros, empleados, proveedores de bienes y servicios, clientes, acreedores, entre otros, que se verían seriamente afectados.

Por tal motivo, para salvaguardar los principios y derechos que establece la Constitución Política del Perú, solicitamos no se promulguen dichos Proyectos de Ley como están pues afectarían gravemente a la economía del país y que en su lugar se convoque a una MESA DE TRABAJO a fin de plantear conjuntamente soluciones que busquen mejorar los procesos de Contratación del Estado y combatir la corrupción, así como cualquier otro ilícito de manera más eficiente.

Lima, 29 de Mayo del 2017

tes, acreedores, entre otros, se verían seriamente afectados, ya que esta medida puede llevar incluso al cierre definitivo de las empresas por verse impedidas de contratar con el Estado Peruano.

• La paralización de puestos de trabajo de cientos de miles de peruanos en todo el territorio nacional, ya que estos Proyectos de Ley harán que inevitablemente miles de trabajadores en Construcción Civil y personal administrativo pier-

Federación de Trabajadores en Construcción Civil

del Perú

Cámara Peruana de la Construcción

8.0.2.4 Basta de violencia en obras de construcción

Diciembre 2017

En el año 2017 se produjo un incremento significativo de los actos de extorsión cometidos en las obras de construcción y por sindicatos ilegales, que en realidad eran mafias delincuenciales, generando graves retrasos en los proyectos de infraestructura, aumentando los costos de las obras y puesto en peligro la vida de trabajadores y contratistas. Por esa razón, el Consejo Permanente por la Vivienda, la Construcción y el Territorio presentó una propuesta para la implementación de una estrategia integral para encarar dicho flagelo social.

Esta estrategia integral también estaba dirigida contra el tráfico de tierras al haberse comprobado que estas bandas se habían extendido a esa actividad delictiva, y debía implementarse mediante un esquema de colaboración público-privada, que permite diseñar, ejecutar y monitorear acciones en los diferentes ámbitos involucrados en este agudo problema social, así como fijar objetivos de corto, mediano y largo plazo para lograr su efectiva solución.

En principio, el Consejo Permanente señalaba que la ejecución de tal estrategia debía ser coordinada desde la Comisión Multisectorial creada por el Decreto Legislativo N° 1187 y cuya composición y funciones fueron reguladas a través del Decreto Supremo n.° 087-2015-PCM, dado su carácter permanente y su condición de instancia de diálogo, coordinación y seguimiento de las acciones de prevención y sanción de la violencia en obras de construcción civil. Sin embargo, para el establecimiento de los alcances y líneas de acción de la estrategia, deberá efectuarse previamente una evaluación de la actuación de esta Comisión desde el año 2015 en que fue constituida.

Los lineamientos de esta propuesta se han descrito en la Parte 3 del presente libro y, como se desprende de su lectura, la mayoría de ellos mantienen una vigencia inusitada, lo que refleja lo poco que se ha avanzado en materia de prevención y represión de estas actividades delictivas en los últimos ocho años.

Consejo Permanente por la vivienda, la construcción y el territorio

8.0.2.4.1 PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

Desde fines de la primera década del siglo XXI en que comienzó a crecer la actividad delincuencial de estas organizaciones, no solo se ha incrementado la ferocidad con que actúan, sino que su ámbito de acción se ha extendido a otras actividades como el tráfico de tierras, los préstamos ilegales usureros, los negocios inmobiliarios y de venta de materiales para lavar activos, la extorsión a pequeños comerciantes o transportistas y al sicariato por encargo.

Todo ello les ha permitido acumular importantes recursos económicos, les ha otorgado poder para cooptar o amenazar a alcaldes, jueces, fiscales, policías y a mantener en rehén a los pobladores que viven en los “programas habitacionales” que promueven. En buena cuenta, estas organizaciones criminales ejercen un dominio territorial en áreas de expansión de los principales centros urbanos del país.

Los aparatos legales y operativos con que cuentan estas bandas contrastan con debilidad y escasez de recursos de las fuerzas del orden encargadas de combatirlas. Basta decir que el personal policial asignado a la dependencia de protección de obras civiles pasó de 200 efectivos en el año 2015 a menos de 10 en la actualidad.

De otro lado, la impunidad con que actúan estas bandas ha hecho que sus “fuerzas de choque” incursionen también en la comisión de delitos de menores (robo de celulares o de vehículos, secuestros al paso, microcomercialización de drogas, entre otros). Pero, la estrategia de las autoridades debe centrarse en perseguir a los cabecillas de las organizaciones criminales, lo que requiere acciones de investigación e inteligencia. Tanto como los traficantes de drogas o los mineros ilegales, las bandas delincuenciales que se esconden bajo el disfraz de pseudo-sindicatos de construcción son una amenaza para el estado de derecho, porque “gobiernan” en tierras “liberadas” donde no rigen las leyes peruanas. sino la imposición de sus líderes.

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP y CAPECO han propuesto una estrategia integral para el combate del crimen organizado en las obras de construcción civil y en el tráfico de tierras, mediante un esquema de colaboración público-privada, que permite diseñar, ejecutar y monitorear acciones integradas en los diferentes ámbitos involucrados en este agudo problema social, así como fijar objetivos de corto, mediano y largo plazo para lograr su solución efectiva. Entre estas acciones se encuentra:

• Fortalecer con mayores recursos humanos, técnicos

y financieros al órgano policial.

• Constituir Unidades de Flagrancia, en las que actúen simultáneamente la policía, la fiscalía, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial.

• Derogar o, por lo menos, reformar la Ley 32018 contra el crimen organizado.

• Efectuar una depuración de los registros de inscripción de sindicatos de construcción civil.

• Facultar a la Policía Nacional y al Ministerio Público a impulsar, de oficio, procesos de investigación de acciones delictivas en obras, mediante la incorporación de una nueva tipificación en el Código Penal.

• Facilitar la actualización y la interoperabilidad del RETCC y del RENOCC.

• Incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF y a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN en los procesos de investigación.

• Desarrollar intervenciones integrales en los barrios marginales que han sido tomados por la delincuencia.

• Incluir a representantes de trabajadores y empresarios en la Comisión Permanente de seguimiento a la violencia en obras de construcción civil del Ministerio del Interior.

Diciembre 2017

8.0.2.5 Sin ética pública, la democracia está en peligro

20 de diciembre 2017

En diciembre de 2017, el Consejo Permanente por la Vivienda, la Construcción y el Territorio emitió un nuevo pronunciamiento, tras el difundido en febrero de ese año, sobre las consecuencias del caso LavaJato, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina. Este involucró sobornos y financiamientos ilícitos de grandes empresas constructoras y tuvo un fuerte impacto en la construcción y en la política de varios países, incluido el Perú. En el ámbito nacional, el caso perjudicó la economía, paralizó proyectos de infraestructura, deterioró las condiciones de vida de la población y afectó la institucionalidad democrática.

La crisis política se agudizó a raíz de las investigaciones, con el Congreso dividido y diversos sectores promoviendo la vacancia del presidente Kuczynski, que se encontraba bajo acusación de vínculos entre altos funcionarios del gobierno y la red de corrupción de LavaJato. Ante este escenario, el Consejo Permanente hizo un llamado a la serenidad, instando a las autoridades a priorizar procesos de investigación rigurosos que garantizaran el debido proceso, para identificar y sancionar a los responsables sin comprometer la estabilidad democrática.

En este contexto, el Consejo anunció una respuesta proactiva, insistiendo en la necesidad de un Pacto Ético por la Actividad Constructora, una iniciativa destinada a promover la integridad y transparencia en el sector construcción. Este pacto busca involucrar tanto a actores públicos como privados, estableciendo principios claros que no solo eviten futuros actos de corrupción, sino que también restauren la confianza en una industria esencial para el desarrollo del país. El Consejo subrayó que la adopción de estas medidas era fundamental no solo para superar la crisis actual, sino también para garantizar un modelo de gobernanza más ético y sostenible en el futuro.

Como es evidente, estas advertencias y las propuestas de solución planteadas por entidades representativas de trabajadores, profesionales y empresarios de la construcción no fueron atendidas por los poderes públicos, lo que agravó la crisis política, social y económica a niveles sin precedentes, una situación que, ocho años después, no ha sido conjurada.

8.0.2.5.1 PRONUNCIAMIENTO POR LA PRESERVACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y DE LA ÉTICA EN EL PAÍS

El Consejo Permanente por la Vivienda, la Construcción y el Territorio que integran cuatro entidades representativas de trabajadores, profesionales y empresarios del sector construcción, cumple con el deber de hacer llegar su posición institucional sobre la coyuntura crítica que vive nuestro país, como consecuencia del llamado caso “Lavajato”.

Como fue anticipado en el pronunciamiento publicado por el Consejo Permanente el 8 de febrero del presente año, estos deplorables hechos han terminado “perjudicando gravemente nuestra economía, afectando las condiciones de vida de los ciudadanos” y “vulnerando la institucionalidad democrática de nuestro país”.

Los hechos recientes vinculados a este caso, en especial el proceso iniciado por el Congreso Nacional para provocar la vacancia del Presidente de la República, han dejado en evidencia que el accionar de esta red delictiva ha trascendido el ámbito de la construcción y se ha extendido a los poderes públicos, poniendo en peligro la vigencia de garantías constitucionales fundamentales y la aplicación de criterios idóneos de justicia.

El Consejo Permanente invoca a los Poderes del Estado a actuar con la mayor diligencia y serenidad, a fin de determinar la responsabilidad de quienes hubiesen cometido delitos e imponer las sanciones que corresponda, siguiendo procesos de investigación que se ciñan escrupulosamente al debido proceso, que respeten la independencia de cada instancia política o jurisdiccional y que garanticen el derecho a la defensa en cualquier circunstancia.

El Consejo exhorta a todos los actores públicos y privados a desarrollar el máximo esfuerzo para que, sea cual fuere el desenlace de estos procesos de investigación, se asegure la continuidad y legitimidad de nuestra institucionalidad democrática, condición fundamental para el normal

desenvolvimiento de las actividades económicas y la preservación de la paz social en nuestro país.

Asimismo, el Consejo Permanente considera urgente establecer un espacio de diálogo entre las agrupaciones políticas y las entidades representativas de la sociedad, con la finalidad de consensuar las acciones a emprender para fortalecer la institucionalidad democrática, impulsar el desarrollo económico y el bienestar de la población peruana, así como promover la integridad en las relaciones entre el Estado, los agentes económicos y los ciudadanos.

Las instituciones que integran el Consejo Permanente se comprometen a participar en toda iniciativa tendiente a la concreción de este espacio de diálogo, y a presentar propuestas conjuntas para contribuir al logro de los importantes objetivos que se esperan alcanzar a través de esta instancia.

En esa línea, el Consejo Permanente hace de conocimiento público que se encuentra trabajando un Pacto por la Ética en la Actividad Constructora, que involucre a los agentes estatales y particulares y establezca principios, compromisos e iniciativas destinadas a proveer una construcción más segura, más competitiva. y mejor orientado a la búsqueda del bien común.

Es evidente que estos hechos de corrupción ponen a prueba la capacidad de los peruanos para encarar decididamente las transformaciones institucionales, legales y éticas indispensables para hacer realidad el anhelo de vivir en un país en el que las relaciones políticas, sociales y económicas se rijan por la la integridad, la transparencia y la solidaridad. Creemos, sin embargo, que la gravedad de la situación actual nos exige estar a la altura del desafío.

Lima, 20 de diciembre del 2017

Arturo Yep Abanto Decano Nacional Colegio de Arquitectos del Perú

Jorge Alva Hurtado

Decano Colegio Nacional de Ingenieros del Perú

Mario Huamán Rivera Secretario General Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú

Enrique Espinosa Becerra Presidente del Consejo Directivo Cámara Peruana

de la Construcción

8.0.2.6 Defensa de la democracia y de la moral pública

19 de julio 2018

En 2018, el Perú se vio sacudido por una crisis judicial y política provocada por la difusión de los CNM Audios, grabaciones que expusieron actos de corrupción, tráfico de influencias y manipulación en las altas esferas del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que configuraron el llamado caso “cuellos blancos”. Estos registros fueron obtenidos de manera circunstancial cuando un equipo fiscal efectuaba un seguimiento a una banda de delincuentes comunes del Callao.

Estas revelaciones agravaron la crisis de desconfianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Los audios revelaron conversaciones entre jueces, miembros del CNM y empresarios, evidenciando intercambios de favores, nombramientos irregulares y negociaciones corruptas sobre varios casos judiciales. Involucrados como el juez supremo César Hinostroza y otros miembros del CNM renunciaron o fueron destituidos, y se iniciaron procesos legales contra ellos. En tanto, el gobierno de Martín Vizcarra impulsó una reforma judicial que incluyó la disolución del CNM y la creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Posteriormente, se descubrieron vinculaciones de este grupo de magistrados corruptos con algunos líderes partidarios, extendiendo la crisis al ámbito político.

El Consejo Permanente por la Vivienda, la Construccion y el Territorio instó a los Poderes del Estado a investigar y sancionar con rigor a los responsables de corrupción, respetando el debido proceso y fortaleciendo la confianza ciudadana en la justicia para garantizar estabilidad económica y social. Además, promovió el diálogo entre sectores público y privado para consensuar una serie de iniciativas de orden legislativo, normativo y administrativo para fortalecer la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de derecho y la integridad entre la sociedad y el Estado. De esta manera, se podría mitigar los efectos de la crisis, proteger la inversión en infraestructura y fomentar el empleo formal. Finalmente, reafirmó su compromiso de participar en todo esfuerzo para fortalecer el diálogo y de presentar iniciativas para la recuperación de la institucionalidad democrática, la moral pública y el progreso económico.

Consejo Permanente por la Vivienda, la Construcción y el Territorio

8.0.2.6.1 PRONUNCIAMIENTO EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y LA MORAL PÚBLICA

Frente a la difícil coyuntura política e institucional que vive nuestro país, el Consejo Permanente por la Vivienda, la Construcción y el Territorio que integran cuatro entidades representativas de trabajadores, profesionales y empresarios del sector construcción, considera indispensable hacer llegar a su posición institucional.

En primer lugar, el Consejo Permanente deplora los casos de corrupción y tráfico de influencias recientemente conocidos que involucrarían a funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Congreso Nacional y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que no solo perjudican gravemente la credibilidad y el normal desenvolvimiento de dichas instituciones sino que vulneran principios y garantías fundamentales de nuestro sistema democrático y afectan la moral pública.

El Consejo exhorta a los Poderes del Estado a actuar con la mayor severidad y diligencia posible para determinar la responsabilidad y sancionar a quienes hubiesen cometido delitos, a través de procesos de investigación que se ciñan escrupulosamente al debido proceso y que respetan la independencia de cada instancia. política o jurisdiccional.

Asimismo, el Consejo Permanente considera urgente establecer un espacio de diálogo entre instituciones públicas, agrupaciones políticas y entidades representativas de la sociedad, con el propósito de consensuar las iniciativas legislativas, normativas y administrativas que se requieren emprender para que nuestro país llegue al Bicentenario de su independencia con instituciones democráticas sólidas y respetadas, que aseguren la plena vigencia del Estado de Derecho y que promuevan la integridad en las relaciones entre el Estado, los agentes económicos y los ciudadanos.

Las entidades que conforman el Consejo Permanente expresan su compromiso público de participar en toda iniciativa tendiente a la concreción de este espacio de diálogo, y de presentar propuestas conjuntas para contribuir a la superación de los graves problemas que hoy padece el país y encaminar a nuestro país por la senda del progreso económico, social y moral.

Lima, 19 de julio de 2018.

Arturo Yep Abanto Decano Nacional Colegio de Arquitectos del Perú

Jorge Alva Hurtado

Decano Colegio Nacional de Ingenieros del Perú

Mario Huamán Rivera Secretario General Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú

Luis Antonio Isasi Cayo Presidente del Consejo Directivo Cámara Peruana

de la Construcción

8.0.2.7 Normalización del sector construcción tras el COVID-19

1 de abril 2020

El 15 de marzo de 2020 se declaró la emergencia nacional para combatir la pandemia de COVID-19, y el sector construcción, al igual que el resto del aparato productivo, fue duramente afectado por el cierre total de actividades. Inicialmente, el gobierno propuso que la reanudación de obras se diera en las últimas fases del plan de normalización, programándola para diciembre y equiparándola con rubros no prioritarios como gimnasios o salones de belleza, sin considerar que la construcción ya contaba con normas de salud y seguridad incluso más estrictas que las aplicadas para prevenir la propagación del virus.

En abril de ese año, se pronució al respecto, y gracias a la gestión conjunta de la FTCCP y CAPECO, se logró adelantar el reinicio del sector a mediados de junio 2020, tras la presentación conjunta de un protocolo sanitario para las obras de infraestructura que fue aprobado por el Ministerio de Trabajo. Este protocolo estableció estrictas medidas de bioseguridad para garantizar la protección de los trabajadores en los proyectos de construcción.

Además, CAPECO y la FTCCP promovieron la creación de un subsidio temporal para los trabajadores de construcción civil, inicialmente excluidos de la ayuda estatal pese a la suspensión perfecta de labores. Plantearon financiarlo con recursos de SENCICO, organismo solventado por aportes de las empresas constructoras, y reponerlos luego mediante un aporte extraordinario del sector. No obstante, el gobierno no atendió la propuesta y destinó parte de los fondos de SENCICO a otros fines, pese a tratarse de recursos intangibles.

Esta posición conjunta y firme fue crucial para la recuperación de uno de los sectores más importantes de la economía peruana, que no solo genera empleo masivo, sino que también tiene un efecto multiplicador en la inversión pública y privada. La rápida implementación de estas medidas permitió reducir el impacto social y económico de la crisis en miles de familias vinculadas al sector construcción.

8.0.2.7.1 UNIDOS CONTRA EL CORONAVIRUS, UNIDOS POR EL SECTOR, UNIDOS POR EL PERÚ

La Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), legítimos gremios de los trabajadores y empresarios del sector construcción que, desde el año 2003 y de manera ininterrumpida, ejecutan el diálogo social con resultados. y la negociación colectiva por rama, nos dirigimos a trabajadores, empresarios, Gobierno Nacional y opinión pública en general para comunicarles lo siguiente:

1. Hemos sugerido diferentes alternativas para que el Gobierno incluya a los trabajadores del sector construcción civil en las asignaciones especiales de 380 soles quincenales que se están otorgando durante el período de emergencia.

2. Hemos sugerido medidas responsables de apoyo a los trabajadores y que permitan a las empresas sobrellevar esta situación sin comprometer su futura existencia, de modo que no se pierdan los cientos de miles de puestos de trabajo formal de nuestro sector.

3. Nos hemos comprometido con el Gobierno en brindar todo nuestro apoyo para enfrentar la crisis actual generada por la emergencia nacional y recuperar lo antes posible las actividades del sector construcción.

4. Estamos comprometidos en que, una vez reiniciadas las labores en las obras, estas se lleven a cabo cuidando especialmente la salud y la seguridad de los trabajadores.

Nuestro trabajo en estos 16 años, y especialmente en esta coyuntura, viene siendo serio y responsable, en permanente diálogo y con propuestas concretas, pues buscamos tener un sector sólido y sostenible que siga siendo uno de los motores de la economía del Perú, especialmente ahora. que se requerirán grandes esfuerzos para su reactivación. No queremos encontrar a nuestro sector con empresas quebradas y trabajadores condenados a la informalidad. Queremos que nuestro sector mantenga empresas sólidas, que brinden empleo formal, digno y seguro, que respete los derechos de los trabajadores de construcción civil que con tanto esfuerzo hemos logrado.

Hacemos un llamado a no dejarnos sorprender por personas que no representan al sector ni a los trabajadores y que, lejos de buscar el beneficio común, son los que promueven y generan la violencia en el sector y ahora están causando confusión y conflicto.

Unidos por la reactivación de nuestra economía, unidos por los derechos de los trabajadores, unidos para vencer la pandemia del Coronavirus, unidos por un Perú que trabaja en paz.

Miércoles, 01 de abril del 2020.

8.0.2.8 Construyendo formalidad

12 de octubre 2020

El pronunciamiento contra las invasiones de terrenos y a favor de la construcción informal, de octubre 2020, titulado “No a las invasiones, construyamos formalidad”, fue impulsado por la FTCCP y CAPECO pero recibió la adhesión de otras entidades representativas del sector construcción como la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios - ADI Perú, la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Peru - ASEI, la Asociación de Arquitectos, la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios - ASPAI y el Colegio de Arquitectos del Perú.

Este esfuerzo colectivo surgió como una respuesta a una iniciativa legislativa en el Congreso que, según los firmantes, ampliaban los márgenes de la informalidad al permitir, una vez más, la regularización de terrenos ocupados informalmente y lo que generaba graves impactos negativos entre las miles de personas que se proveían de vivienda informalmente e impide el crecimiento ordenado de las ciudades. Además, hizo ver que las organizaciones criminales que promueven estas actividades delictivas constituían una amenaza al estado de derecho.

El pronunciamiento conjunto incidía en el fracaso de la política de permitir las invasiones y luego formalizarlas proponiendo más bien la mencionada estrategia integral orientado a fomentar la formalidad y contrarrestar los efectos negativos de estas políticas. Los firmantes exigieron promover la planificación territorial, la provisión de suelo formal, el fortalecimiento de infraestructura y servicios básicos, programas de crédito y vivienda social, mejoras en los procesos administrativos, innovación tecnológica en la construcción y la promoción de la formalización laboral. Construir formalidad debe establecer un modelo de desarrollo urbano sostenible que atienda de manera estructural el déficit habitacional y promueva el bienestar de la población, en especial de los sectores más vulnerables.

8.0.2.8.1 NO A LAS INVASIONES, CONSTRUYAMOS FORMALIDAD

Las instituciones que suscribimos este pronunciamiento, representantes de los sectores laborales, profesionales y empresariales de la actividad constructora en el país, nos dirigimos al señor presidente de la República, al Congreso Nacional ya la ciudadanía en general para expresar nuestra oposición a la ley recientemente aprobada que dispone la ampliación de los plazos para la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales. Esta ley es la más reciente expresión de una política de regularización de invasiones de tierras que el Estado peruano ha llevado adelante desde hace seis décadas y que ha fracasado como generadora de bienestar en la población más pobre del país.

Asimismo, dicha política de regularización tiene graves consecuencias económicas, sociales, ambientales e institucionales en nuestras ciudades, pues impiden la provisión oportuna y económica de servicios básicos; dificultan la conexión vial y la articulación de la ciudad; producen escasez de espacios públicos y áreas verdes; propician la segregación espacial; incrementan la contaminación ambiental y constituyen el caldo de cultivo para la violencia y la inseguridad ciudadana.

Además, la prevalencia de estas actividades en nuestro país pone en grave peligro la institucionalidad democrática e incentiva la corrupción. Quienes lucran con la informalidad son mafias delincuenciales que han adquirido un poder significativo, infiltrando sobre todo a las entidades públicas encargadas de combatirlas, pero también han adquirido presencia política sobre todo en los gobiernos locales y regionales y se aprovechan de personas necesitadas de vivienda.

Como consecuencia de esta política, más del 93% de la expansión producida en nuestras 43 ciudades principales en los últimos veinte años, corresponde al tráfico de tierras o a lotizaciones informales. Este modelo perverso que afecta en mayor medida a los más pobres, debe terminar. Más que combatir la informalidad urbana, es indispensable generar incentivos para construir formalidad. Para ello es indispensable poner en marcha una estrategia de desarrollo urbano sostenible que reconozca la diversidad de problemas y oportunidades que plantean nuestras ciudades e incluya tanto la densificación urbana en sus zonas consolidadas como el mejoramiento de barrios marginales y, allí donde sea razonable y necesaria para reducir el tráfico de tierras, la generación de suelo formal en áreas de expansión urbana, asegurándose que en todos estos ámbitos

exista una oferta sostenible de vivienda social. Ello exige cuando menos:

1. Promover la planificación urbano-territorial, el sistema de catastros y la provisión de suelo formal, tanto público como privado, para la producción de vivienda social y equipamientos urbanos.

2. Articular las inversiones en infraestructuras y servicios públicos con los objetivos de desarrollo urbano formal y de generación de oferta de vivienda, especialmente de aquella dirigida a la población de menores ingresos.

3. Impulsar el perfeccionamiento de los procedimientos administrativos de urbanización y edificación, así como la coordinación de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, buscando promover la calidad y la seguridad de las construcciones.

4. Fortalecer los programas estatales y créditos habitacionales, dotándolas de recursos suficientes para atender de manera efectiva el déficit actual y la demanda futura de vivienda social.

5. Implementar una política de innovación e investigación en la actividad constructora, que estimule el empleo de tecnologías que permitan contar con edificaciones e infraestructuras apropiadas en términos económicos, sociales y ambientales.

6. Incentivar la formalización laboral, el fortalecimiento de la representación sindical y la mejora continua de competencias de empresas, profesionales y trabajadores de la construcción.

Llevar adelante una estrategia de esta magnitud y complejidad exige el consenso de actores públicos y privados, así como la asunción de compromisos de largo plazo. Pero es indispensable que estos esfuerzos se inicien lo más pronto posible. Por eso solicitamos al señor presidente de la República que observe esta Ley y al Poder Legislativo que, en lugar de aprobarla por insistencia, promueva un diálogo abierto que permita perfeccionarla y orientarla hacia los objetivos de transformar nuestras ciudades en competitivas e inclusivas y de impulsar la construcción sustentable.

Nos comprometemos a participar en este diálogo ya efectuar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar el consenso de que haga viable estas iniciativas.

Lima, 12 de octubre del 2020.

8.0.2.9 Por un Perú mejor

7 de mayo 2021

En mayo 2021, el comunicado titulado “Agenda consensuada para construir un Perú mejor”, emitido conjuntamente por la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), se dirige a Pedro Castillo y Keiko Fujimori, los dos candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta; a las organizaciones políticas y a la sociedad civil, llamando a un consenso para fortalecer el sector construcción.

El documento señala los graves problemas que enfrenta el país en cuanto al sector construcción y la incapacidad del Estado para ofrecer bienes y servicios públicos de calidad. Así, la FTCCP y CAPECO proponen un conjunto de reformas esenciales para reactivar el sector.

La implementación de esta agenda requiere un compromiso de los poderes Ejecutivo y Legislativo para garantizar la legitimidad y eficacia de estas iniciativas. Además, enfatiza la importancia del diálogo, el respeto a la institucionalidad democrática y el desarrollo de políticas integrales para enfrentar los desafíos económicos y sociales actuales. Finalmente, se resalta el valor del entendimiento entre los trabajadores y empresarios del sector construcción, quienes, a través de esta colaboración, buscan contribuir al progreso de un Perú más competitivo y sostenible.

8.0.2.9.1 AGENDA CONCENSUADA PARA CONSTRUIR UN PERÚ MEJOR

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP y la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, en representación de los trabajadores y de los empresarios de la actividad constructora de nuestro país, se dirigirán a los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta, a las organizaciones políticas, a las instituciones de la sociedad civil ya la ciudadanía en general con el fin de convocar a un acuerdo que permita potenciar el sector construcción, condición indispensable para que el Perú pueda superar la difícil coyuntura social y económica y retomar el camino. del desarrollo sostenible.

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha puesto en evidencia, una vez más, la grave disfuncionalidad de nuestras ciudades, el alto déficit de infraestructura, las consecuencias de la ocupación informal del suelo y la producción informal de viviendas, la incapacidad del Estado. para proveer bienes y servicios básicos de calidad y la inexistencia de mecanismos eficientes y transparentes para facilitar la colaboración entre actores públicos y privados.

Desde hace varios años, la FTCCP y CAPECO han venido advirtiendo juntos sobre la urgencia de abordar estos desafíos que han impedido que nuestro país alcance mayores niveles de competitividad productiva y que el bienestar social alcance a todos los peruanos. Y han resaltado el papel clave que le corresponde cumplir al sector construcción en el logro de estos propósitos.

A pocas semanas de celebrar el Bicentenario de la Independencia del Perú y de elegir a quien ocupará la Presidencia de la República por los próximos cinco años, ambos gremios consideran oportuno volver a presentar esta agenda de reforma de la actividad constructora que deberá incluir:

1. El impulso a la planificación urbano-territorial, el sistema de catastros y la provisión de suelo formal, tanto público como privado, para la producción de vivienda, especialmente social, y de equipamientos urbanos.

2. La articulación de inversiones en infraestructura y servicios públicos, especialmente de salud, educación y agua y desagüe, con los objetivos de desarrollo urbano formal y de generación de oferta de vivienda, especialmente de aquella dirigida a la población de menores ingresos.

3. La adopción de un nuevo modelo de gestión de obras públicas que permita introducir mecanismos de priorización de inversiones; procesos de contratación y control más eficientes, que contribuyen a evitar la corrupción y que aseguran un mejor desempeño de las infraestructuras durante toda su vida útil.

4. La asignación de mayores recursos estatales, así como la promoción de inversión privada para la atención de los graves déficits acumulados y las demandas futuras de infraestructura, equipamiento y vivienda, particularmente en todo el territorio nacional.

5. El fortalecimiento de los programas estatales de subsidios y créditos habitacionales, dotándolos de recursos suficientes para atender de manera efectiva el déficit actual y la demanda

futura de vivienda social tanto en áreas urbanas como rurales.

6. El incentivo a la formalización laboral, el fortalecimiento de la representación sindical, el respeto irrestricto del régimen laboral de trabajadores de construcción civil en todas las obras y públicas privadas que se ejecutan a nivel nacional, la mejora continua de competencias de empresas, profesionales y trabajadores. de la construcción, así como una lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada que afecta al sector.

La implementación de esta agenda modernizadora requerirá la modificación de una parte del marco normativo y administrativo que rige el desarrollo territorial, la vivienda y la construcción, por lo que resulta indispensable un compromiso de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de la sociedad civil para llegar a acuerdos que garantizan la continuidad y legitimidad de estas iniciativas. Para hacer realidad esta agenda también es necesaria:

1. Respetar y fortalecer la institucionalidad democrática del país, tanto la de los distintos poderes del Estado, como la de la sociedad civil, de la que forman parte los gremios sindicales, profesionales y empresariales. Es imperativo el compromiso de garantizar la plena vigencia de la libertad de prensa y de expresión, así como el respeto irrestricto al Estado de Derecho.

2. Luchar contra la pandemia del COVID-19, lo que requiere no solo efectuar un proceso de vacunación de manera eficiente, universal y gratuita, sino también una política de inmunización para los años siguientes, pues hasta ahora se sabe que el efecto protector de las vacunas. es temporal.

Durante casi veinte años, la FTCCP y CAPECO han demostrado el valor que le conceden al diálogo y la importancia de enfocarse en el beneficio mutuo. Como consecuencia de esta vocación por buscar el entendimiento, los trabajadores y los empresarios de la construcción han logrado superar diferencias y asumir juntos nuevos retos, preservando lo ya avanzado. Hoy, cuando el Perú se apresta a ingresar al tercer centenario de su vida independiente en medio de una gran incertidumbre, esta fructífera relación basada en una apuesta por el consenso puede resultar inspiradora. Una agenda consensuada debe llevarnos a construir un Perú Mejor.

Lima, 7 de mayo del 2021

8.0.2.10 Construcción, motor de la economía

18 de mayo 2021

El 18 de mayo 2021, Pedro Castillo, candidato a la presidencia de la República por la segunda vuelta electoral, firmó el documento titulado “Compromiso para construir y reconstruir nuestro Perú”. En este pronunciamiento, dirigido a los trabajadores de la construcción civil del país, Castillo destacó la importancia del sector construcción como motor para la recuperación económica, la generación de empleo y la lucha contra la informalidad y la corrupción.

Castillo se comprometió a cumplir nueve puntos en el lapso de cinco años. El texto puntualiza reiniciar y culminar las miles de obras paralizadas y abandonadas debido a la corrupción; priorizar la construcción de infraestructura básica, como viviendas sociales, carreteras, sistemas de riego y saneamiento, y equipamientos públicos, promoviendo la inversión pública y privada con responsabilidad social y ambiental. Castillo se comprometió a fortalecer instituciones como la Contraloría para garantizar la transparencia en la ejecución de obras públicas y a priorizar la construcción de 500 mil viviendas sociales en lo que durara su mandato, beneficiando a familias trabajadoras y vulnerables.

En el contexto de mayo de 2021, este compromiso se inscribió en un momento de alta polarización política y expectativa sobre las propuestas de los candidatos en la segunda vuelta electoral, en el caso de Castillo con una marcada tendencia política de izquierda.

Compromiso del Candidato a la Presidencia de la República Pedro Castillo con los trabjadores en Construcción Civil del Perú

8.0.2.10.1 COMPROMISO PARA CONSTRUIR Y RECONSTRUIR NUESTRO PERÚ

Nuestro Perú tiene un legado histórico vinculado con la construcción en todos los pueblos de nuestro territorio, los peruanos, somos orgullosos herederos de los constructores de Caral, Chan Chan, Huaca Rajada, Kuelap, Gran Pajatén, Chavín, Manos Cruzadas, Sillustani, Choquequirao y nuestro estandarte Machu Picchu. Ustedes compañeros dan continuidad a ese antiguo oficio nacional de la construcción. Con su trabajo, con sus manos, con su entrega me comprometo a que los próximos 5 años de gobierno sean los de construcción y reconstrucción de nuestro Perú.

El sector construcción tiene que ser eje central de la recuperación económica y de la reconstrucción de nuestro Perú; también tiene que ser ejemplo de formalización laboral y lucha contra la delincuencia y criminalidad organizada; y, por supuesto, tiene que representar un enorme proceso de moralización y lucha contra la corrupción pública y privada a nivel nacional. El sector construcción, compañeros trabajadores del andamio, será el pilar fundamental de nuestra gestión gubernamental si logramos, con el voto ciudadano, llegar a la Presidencia de la República.

Para ello, de ser electos, en los próximos 5 años de gobierno realizaremos:

1. El reinicio y culminación de las millas de obras paralizadas y aban- donadas a nivel nacional debido a la corrupción, falta de recursos o malas prácticas constructivas. Nuestra gente, nuestros pueblos no pueden seguir padeciendo años de años el engaño de sus autoridades y los actos de corrupción. Las obras deben culminar y los que cometieron delitos deben tener su condena. Fortaleceremos a la Contraloría, para que con su participación esto sea una realidad.

2. Los grandes proyectos de infraestructura y servicios públicos no tienen que esperar décadas para ser una realidad, ahí está el empleo digno y el desarrollo nacional, promovemos, que su realización sea con inversión pública y privada, pero siempre con responsabilidad social y responsabilidad ambiental.

3. Los cientos de millas de proyectos de infraestructura básica social (muros de contención, puentes, trochas carrozables, canales de rie- go, obras de agua y desagüe, mercados, colegios, postas, etc.) que son una necesidad en nuestros barrios, asentamientos humanos y pueblos rurales los haremos conjuntamente con los gobiernos regio- nales y locales de todo el país.

4. La necesidad de una vivienda digna sigue siendo un clamor nacional, por ello nos comprometemos a construir 500.000 viviendas sociales a nivel nacional, para nuestras familias trabajadoras y emprendedoras. Las familias jóvenes y de menores recursos tendrán la oportunidad de realizar el sueño de la casa propia. Fortaleceremos los programas estatales de subsidios y créditos habitacionales, dotándolos de recursos suficientes para atender de manera efectiva el déficit actual y la demanda futura de vivienda social tanto en áreas urbanas como rurales; y con estos programas además ordenaremos y planificaremos mejor el desarrollo de nuestras ciudades. No queremos pueblos olvidados y sin servicios, queremos pueblos y ciudades ordenadas con viviendas dignas. Beneficiaremos a millones y crearemos también millones de puestos de trabajo para los trabajadores de construcción civil.

5. A los empresarios les decimos que para realizar todas esas obras de construcción necesitamos de su participación y compromiso trans- parente y queremos que sus proyectos no pasen años de años en puro trámite de licencias y permisos y sometidos a un sin número de

presiones. Propondremos cambios y mejoras sustantivas a las leyes de inversiones, contrataciones públicas y licencias. El Estado no será una traba, será su aliado. Los beneficios de una obra de gobierno que hoy se dan en nuestro país para empresas extranjeras también deben ser para nuestros empresarios nacionales. Lo que es bueno para ellos también debe ser bueno para los empresarios peruanos.

6. Más obras es más reactivación y desarrollo y es más empleo decente o empleo con todos sus derechos para todos los trabajadores de cons- trucción civil. Toda obra, pública o privada, sea nacional, regional o local, en la modalidad de ejecución que fuere deberá respetar estrictamente el régimen laboral especial de construcción civil. Fortaleceremos los acuerdos logrados a través de la negociación colectiva por rama entre la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y promovemos en el Congreso de la República la recuperación de su derecho a la jubilación a los 55 años y con 15 años de deportes, que fue eliminado.

7. Para que los acuerdos entre trabajadores y empresarios logrados con la negociación colectiva por rama, y que es un ejemplo para el resto de las actividades económicas, siga dando sus frutos, conjuntamente con ustedes combatiremos a la delincuencia y criminalidad organizada que extorsiona empresarios y asesinos dirigentes. de construcción civil. Esas bandas que se presentan como pseudo sindicatos además de perjudicar a los empresarios y trabajadores, encarecen con sus extorsiones la obra y por tanto perjudican al beneficiario final de la misma que somos los ciudadanos de a pie. En nuestro gobierno esa delincuencia no pasará.

8. La informalidad que afecta al país también es parte del sector construcción, más del 70% de este sector es informal; la informalidad encarece la obra, perjudica al empresario con sobrecostos, al trabajador que se queda sin derechos, al Estado que no recauda impuestos y al ciudadano que debe pagar todo ello. Propondremos un gran Plan Nacional de Formalización durante los próximos 5 años que contempla aspectos administrativos, financieros, tributarios y laborales. Formalizar el Perú debe ser una próxima tarea de este bicentenario.

9. Para construir y reconstruir nuestro país lo haremos haciendo los cambios normativos y constitucionales que ello exige y, lo haremos respetando la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho; a los distintos poderes del Estado como a la sociedad civil, de la que forman parte los gremios sindicales, profesionales y empresariales.

Compañeros trabajadores de construcción civil, señores empresarios y compatriotas todos, desde el local de la emblemática Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú de Isidoro Gamarra y Pedro Huilca me comprometo a trabajar conjuntamente para construir y reconstruir un Perú mejor.

Lima, 18 de mayo del 2021

8.0.2.11 Respeto a la voluntad popular

16 de junio 2021

En el contexto político de junio de 2021, marcado por la polarización tras la segunda vuelta presidencial en Perú, la Federación y CAPECO emitieron un comunicado conjunto instando al respeto por la institucionalidad democrática y la voluntad popular.

Ambas organizaciones enfatizaron la necesidad de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva con celeridad y transparencia las observaciones e impugnaciones presentadas, garantizando la legitimidad del próximo gobierno y superando la incertidumbre social.

Asimismo, exhortaron a los candidatos presidenciales a actuar con responsabilidad para preservar la estabilidad del país. Este llamado se dio en un contexto donde el resultado de las elecciones estaba siendo cuestionado, reflejando la necesidad de garantizar procesos electorales transparentes y de evitar divisiones que puedan afectar el bienestar del país.

8.0.2.11.1 POR EL RESPETO A LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y LA VOLUNTAD POPULAR

La Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) expresamos ante la ciudadanía, la necesidad de que el JNE resuelva las observaciones e impugnaciones presentadas, con arreglo a la ley y absoluta imparcialidad, de manera que la proclamación de quien ocupará la Presidencia de la República en el siguiente quinquenio, cuente con la legitimidad requerida y superemos así el clima de incertidumbre y confrontación actualmente existente.

Asimismo, urgimos a los dos candidatos que participantes en la segunda vuelta a convocar a sus simpatizantes a actuar con responsabilidad y prudencia para salvaguardar la institucionalidad democrática que tanto nos ha costado consolidar en los últimos años.

La FTCCP y CAPECO hemos dado muestras de que los empresarios y trabajadores podemos ponernos de acuerdo mediante el diálogo con resultados y consenso. Llevamos diecisiete años solucionando la negociación colectiva por rama, en trato directo y de manera pacífica, y tenemos además una agenda común para la reactivación del sector construcción y la economía del país.

En esta difícil coyuntura, ambos gremios expresamos nuestra voluntad de fortalecer la institucionalidad democrática y la necesidad de respetar los resultados electorales una vez que el JNE haya definido en última instancia a la ganadora o al ganador de las elecciones.

Igualmente, convenimos en la necesidad de que el gobierno que se instalará el 28 de julio impulse la inversión pública y privada, el fortalecimiento de la gestión estatal, la atención de los déficits de vivienda e infraestructura, la formalización de la actividad constructora, la lucha. contra la corrupción así como el respeto irrestricto a la libertad de empresa, la propiedad privada y al régimen laboral de los trabajadores de construcción civil.

La FTCCP y CAPECO ofrecemos nuestra exitosa experiencia de trabajo conjunto, así como la agenda y las propuestas compartidas por empresarios y trabajadores, en un momento en que el Perú requiere muestras de unidad, consenso y reconciliación. En el esfuerzo tripartito del gobierno, trabajadores y empresarios reposa la construcción de un mejor Perú.

Lima, 16 de junio del 2021

LUIS VILLANUEVA CARBAJAL

Secretario General Federación de Trabajadores

en Construcción Civil del Perú - FTCCP

JORGE ZAPATA RÍOS

Presidente del Consejo Directivo Cámara Peruana de la Construcción CAPECO

8.0.2.12 Nuevo Acuerdo Nacional

6 de agosto 2021

En agosto 2021, la FTCCP y CAPECO se pronunciaron sobre las primeras decisiones y designaciones del presidente Pedro Castillo las que generaron alerta, ya que algunos nombramientos en cargos clave no cumplían con los perfiles técnicos necesarios y evidenciaban falta de conocimiento del sector construcción. Estas acciones ponían en riesgo la confianza ciudadana y la eficiencia gubernamental, además de comprometer la recuperación económica y el empleo en un contexto de crisis agravada por la pandemia.

Se recordó que en mayo de 2021, ambas organizaciones presentaron la Agenda Consensuada para Construir un Perú Mejor, que fue respaldada por Pedro Castillo, quien suscribió un compromiso para priorizar el sector construcción en su gestión, enfatizando el respeto a la institucionalidad democrática y la colaboración multisectorial.

Ante la coyuntura de entonces, las organizaciones instaron al presidente a revisar estas decisiones y fomentar un nuevo Acuerdo Nacional que consolide políticas públicas inclusivas y efectivas para construir un futuro sostenible para el país.

8.0.2.12.1 EL CONSENSO Y CONFIANZA QUE EL PERÚ NECESITA

Pronunciamiento de Trabajadores y Empresarios de la Construcción

La FTCCP y CAPECO en los últimos 18 años han construido de manera consensuada una agenda que ha permitido el crecimiento sostenido del sector con un importante reconocimiento en favor de los derechos de los trabajadores. El 7 de mayo de 2021 propusimos para su análisis una Agenda Consensuada para Construir un Perú Mejor, que buscaba abordar profundos problemas estructurales como la grave disfuncionalidad de nuestras ciudades, el alto déficit de infraestructura, la producción informal de viviendas, la ineficiencia del aparato estatal y la inexistencia de mecanismos para facilitar la colaboración entre actores públicos y privados.

Días después, el 18 de mayo, el entonces candidato Pedro Castillo suscribió con la FTCCP y el Compromiso para Construir y Reconstruir Nuestro Perú, que contenía una serie de coincidencias con la Agenda Consensuada emitida por la FTCCP y CAPECO, en el cual se comprometía, de ser elegido presidente, a convertir al sector construcción en el “pilar fundamental” de su eventual gestión gubernamental y en “eje central de la reactivación económica y de la reconstrucción de nuestro Perú”, reconociendo que estas reformas deberían emprenderse “respetando la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho; a los distintos poderes del Estado como a la Sociedad Civil, de la que forman parte los gremios sindicales, profesionales y empresariales.

Las desiciones de estos primeros días de gobierno nos sorprenden y alertan sobre el riesgo en la reactivación de la construcción con empleo decente y en el cumplimiento del Compromiso ya señalado, puesto que para

LUIS VILLANUEVA CARBAJAL

Secretario General Federación de Trabajadores

en Construcción Civil del Perú - FTCCP

cargos importantes de gobierno a designado a personas que no conocen la realidad del sector construcción y que según la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y SERVIR no cumplen con los perfiles normativos que los cargos requieren. Esta situación, además, pone en peligro la eficiencia de la gestión gubernamental, lo que terminaría profundizando la desconfianza de amplios sectores de la sociedad en la clase política y, en particular, en el nuevo gobierno, del que esperan una rápida mejora en sus condiciones de salud, empleo y bienestar, gravemente deterioradas a causa de la pandemia del COVID-19.

La FTCCP y CAPECO instan al Presidente Castillo a revisar sus primeras decisiones y designaciones, convocando a ciudadanos que faciliten consenso con el Congreso de la República y que brinden confianza a la ciudadanía respecto a su capacidad para asumir tareas gubernamentales con honestidad y eficiencia. Ambas entidades reiteran su convicción en que, además de las medidas para fortalecer la lucha contra la pandemia y consolidar la reactivación económica y del empleo, en necesario un nuevo Acuerdo Nacional que consensue las políticas requeridas para que nuestro país ingrese al tercer centenario de su independencia con una visión compartida sobre el camino a recorrer para hacer realidad la promesa de la vida peruana a la que aludia Jorge Basadre.

Lima, 6 de agosto de 2021

JORGE ZAPATA RÍOS

Presidente del Consejo Directivo Cámara Peruana de la Construcción CAPECO

8.0.2.13 No a la delincuencia

5 de julio 2022

En junio 2022, los actos de violencia y atentados contra el sector construcción ya habían costado la vida de 20 dirigentes sindicales. Para esa fecha, Ever Jaime Huaroc Ríos, secretario de organización del Comité de Obra de la Línea 2 del Metro de Lima, se convertía en la víctima número 21. De 59 años de edad, fue asesinado a balazos cuando se encontraba al interior de su camioneta cuando segundos antes había salido de su domicilio.

CAPECO y la FTCCP se pronuncian y exigen al gobierno central y a la Policía Nacional la inmediata captura de los autores intelectuales y materiales de estos crímenes atroces, así como la aplicación de sanciones contundentes contra estas organizaciones delictivas.

Ambas organizaciones reiteraron su compromiso de trabajar junto a las autoridades correspondientes para combatir la delincuencia y el incremento de la violencia perpetrada por mafias que quieren apoderarse de las obras de construcción para cobrar cupos.

8.0.2.13.1 NO AL CRIMEN ORGANIZADO, PAZ LABORAL Y JUSTICIA EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP y la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO expresamos nuestro firme rechazo al incremento de las acciones violentas que desarrollan bandas delincuenciales contra obras de construcción en todo el país y que han costado la vida a veintidós dirigentes sindicales, el último de los cuales ha sido el Secretario de Organización del Comité de Obra de la Línea 2 del Metro de Lima, Ever Jaime Huaroc Ríos.

Exigimos al Gobierno Central ya la Policía Nacional la pronta captura de los autores intelectuales y materiales de estos execrables sucesos así como la adopción de sanciones efectivas contra estas organizaciones delictivas que atacan a trabajadores, profesionales y empresarios de la construcción, deteriorando la paz laboral y agravando la inseguridad ciudadana.

Reiteramos nuestro compromiso de trabajar conjuntamente con las autoridades políticas, policiales y judiciales la implementación de una estrategia integral para erradicar la violencia, promover la formalización laboral y fortalecer el diálogo tripartito en el sector construcción.

Lima, 5 de julio de 2022

LUIS VILLANUEVA CARBAJAL

Secretario General Federación de Trabajadores

en Construcción Civil del Perú - FTCCP

JORGE ZAPATA RÍOS

Presidente del Consejo Directivo Cámara Peruana de la Construcción CAPECO

8.0.2.14 Medidas para reactivar la economía

21 de noviembre 2022

En noviembre de 2022, el Perú atravesaba una profunda crisis política y económica que reflejaba un enfrentamiento estéril entre el Poder Ejecutivo, liderado por Pedro Castillo y el Congreso de la República. Este enfrentamiento, marcado por acusaciones mutuas de corrupción y hasta tres intentos de vacancia presidencial, había paralizado el funcionamiento del aparato gubernamental e impedido la construcción de una agenda legislativa que promoviera la competitividad y el bienestar ciudadano. La amenaza de inestabilidad era tan grave que incluso se hablaba de posibles desenlaces violentos.

A esta situación se sumaba un contexto económico complicado, influido por los efectos de la pandemia de COVID-19 y el deterioro del sector construcción. Ante este caos político y social, surgió la propuesta de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) como un posible mediador en la crisis institucional.

En esa ocasión también se propuso un Pacto por la Construcción de un Perú Mejor, que comprende un conjunto de medidas para reactivar la economía, crear empleo formal, mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables, modernizar la gestión estatal y contribuir a recuperar la institucionalidad democrática.

8.0.2.14.1 DIALOGANDO PODEMOS CONSTRUIR UN PERÚ MEJOR

Ante la grave crisis política, institucional, social y económica que vive el país y frente a las serias denuncias de corrupción que afecta al Estado en todos sus poderes y niveles de gobierno, la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la Federación de Trabajadores. de Construcción Civil del Perú (FTCCP) expresamos lo siguiente:

1. Rechazamos el enfrentamiento estéril entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo y los actos de corrupción vengan de donde vengan, que han debilitado el funcionamiento del aparato gubernamental e imposibilitado la puesta en marcha de una agenda legislativa que promueva la competitividad del país y el bienestar de los ciudadanos. peruanos.

2. Proponemos implementar un espacio de diálogo permanente que involucre a la sociedad civil organizada, pues los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como la clase política en general, no han sido capaces de deponer diferencias para encontrar una salida viable a la enorme crisis que hoy vive el país. Los gremios sindicales y empresariales, las iglesias, los colegios profesionales y otras entidades representativas de la sociedad civil debemos asumir el papel que nuestros gobernantes y líderes políticos han abandonado.

LUIS VILLANUEVA CARBAJAL

Secretario General Federación de Trabajadores

en Construcción Civil del Perú - FTCCP

3. En concordancia con este compromiso asumido, hemos propuesto un Pacto por la Construcción de un Perú Mejor, que comprende un conjunto de medidas para reactivar la economía, crear empleo formal, mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables, modernizar la gestión estatal y contribuir. a recuperar la institucionalidad democrática.

4. Consideramos que la Misión de la OEA podría ser útil para superar esta coyuntura crítica si propicia este diálogo nacional así como la reactivación del Acuerdo Nacional, instancia llamada a ser protagonista en este proceso y de la cual deben salir las propuestas de reforma que el país requiere. con urgencia.

El consenso nacional que invocamos debe ser inclusivo, con resultados concretos y orientado a defender y fortalecer la democracia en nuestro país. El trabajo conjunto que CAPECO y la FTCCP desarrollan desde hace dos décadas, es un vivo testimonio de que dialogando podemos construir un Perú mejor.

Lima, 21 de noviembre de 2022

JORGE ZAPATA RÍOS

Presidente del Consejo Directivo Cámara Peruana de la Construcción CAPECO

8.0.2.15 Diálogo con resultados

10 de setiembre 2023

El acuerdo alcanzado entre CAPECO y la FTCCP demuestra una vez más la fortaleza institucional del diálogo con resultados, construido a lo largo de más de dos décadas en beneficio del sector construcción, los trabajadores, los empresarios y el país en su conjunto.

En septiembre de 2023, este resultado exitoso cobra mayor relevancia en un contexto económico desafiante. El país enfrentaba una incipiente recesión económica, con indicadores de crecimiento débiles y un estancamiento preocupante en el sector construcción. A pesar de estas adversidades, CAPECO y la FTCCP supieron adaptarse a la coyuntura, contribuyendo con propuestas concretas que facilitaron la reactivación del sector. Estos acuerdos han brindado la paz y estabilidad necesarias para encaminar la construcción como motor del desarrollo económico en un periodo crítico para el Perú.

Este hito marca no solo más de 20 años de diálogo social exitoso, sino también un ejemplo práctico para el país: en medio de dificultades económicas y sociales, la cooperación entre sectores puede generar soluciones que beneficien a todos los peruanos.

8.0.2.15.1 20 AÑOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EXITOSA

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) informan a los trabajadores y empresarios del sector construcción, a las instituciones públicas y privadas y a la ciudadanía en general, que una vez más, mediante el diálogo social con resultados, han resuelto la negociación colectiva 2023-2024 mediante los siguientes acuerdos.

1. Aumento al Jornal Básico:

Operario: S/ 4.20

Oficial: S/ 3.30

Peón: S/ 3.00

2. Elevar el BAE en:

Operario Electromecánico de 15% al 17%

Operario Soldador Homologado 6G de 18% al 20%

3. Crear un Fondo para la Capacitación de los trabajadores, cuyo financiamiento lo asumen los empleadores de S/ 0.20 diario por cada trabajador.

Este acuerdo demuestra una vez más que la institucionalidad del diálogo con resultados construido por la FTCCP y CAPECO se fortalece en beneficio del sector, los trabajadores, los empresarios y el país; con este

acuerdo celebramos 20 años de diálogo social exitoso como una muestra práctica para el país que cuando existe voluntad y visión nacional se puede arribar a acuerdos más allá de las visiones particulares.

El resultado de nuestra negociación colectiva entre la FTCCP y CAPECO de este año reviste particular importancia, porque se da en un momento de recesión económica nacional y de estancamiento del sector construcción; los empresarios y trabajadores, conjuntamente, hemos contribuido con propuestas que nos permitan arribar a acuerdos conjuntos que den paz y tranquilidad para reactivar el sector y garantizar los derechos de los trabajadores en todo el país.

La FTCCP y CAPECO invocamos a las autoridades nacionales incorporar estas buenas prácticas empresariales y laborales que existen en el país para impulsar la reactivación económica con plenos derechos laborales en todo el país, los peruanos somos capaces de crear nuestras propias experiencias de éxito para construir un Perú mejor.

Lima, 10 de septiembre de 2023

8.0.2.16 Por la Paz

17 de diciembre 2023

El 19 de diciembre de 2023 marcó un momento histórico para el Perú. En una marcha sin precedentes, sindicatos, empresarios y trabajadores se unieron en una manifestación conjunta, mostrando un frente común contra la creciente inseguridad ciudadana y la delincuencia organizada. Tras esta movilización, se constituyó el Comité por la Paz y la Seguridad Ciudadana, un esfuerzo colectivo para trabajar en iniciativas concretas destinadas a enfrentar estos desafíos.

El comité sostuvo reuniones con altos funcionarios del Gobierno. Entre las propuestas discutidas destacaron la implementación de unidades de flagrancia y la incorporación de gremios empresariales y laborales al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Estas iniciativas buscaban articular esfuerzos entre sectores públicos y privados para fortalecer la lucha contra el crimen y garantizar la seguridad en el país.

Sin embargo, el impulso inicial no se tradujo en avances concretos. Pese a las alertas del comité, el Congreso de la República comenzó a discutir y aprobar proyectos de ley que debilitaban la lucha contra la delincuencia. La falta de respuesta gubernamental y la aprobación de estas normativas generaron preocupación, subrayando la desconexión entre las demandas del sector y las acciones del Legislativo, dejando un panorama incierto en la lucha por mejorar la seguridad ciudadana.

8.0.2.16.1 MARCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y POR LA PAZ

19 DE DIC 2023 | EN TODO EL PERÚ

El alarmante crecimiento de la delincuencia común y el crimen organizado, incluyendo sus formas más violentas, vienen afectando la vida cotidiana de todos los peruanos, nuestra integridad física y psicológica, el normal desarrollo de nuestras vidas y el desempeño de las actividades económicas, y poniendo en riesgo la seguridad de las familias peruanas y su patrimonio.

Con 296 robos y un crimen por encargo (sicariato) cada 24 horas en el Perú, según datos de la Policía Nacional, y, recientemente, la condenable masacre en la mina La Poderosa en Pataz (La Libertad), se hace evidente la insuficiente capacidad de respuesta del Estado. La delincuencia se organiza, se torna más violenta y se expande porque carecemos de una estrategia nacional y de acciones concretas coordinadas entre los poderes del Estado para frenarla.

Frente a este problema nacional, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Confederación Nacional de Mototaxis del Perú, la Federación de Trabajadores

en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) hacen un llamado a las diversas organizaciones de la sociedad civil, al gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, a las iglesias, a otros gremios sindicales y empresariales, así como a la ciudadanía en general a participar en la Marcha contra la Delincuencia y por la Paz el 19 de diciembre, iniciativa ciudadana que permitirá expresar, organizada y pacíficamente, el clamor de los peruanos por la paz y la seguridad ciudadana. En Lima, la concentración será en Campo de Marte (3 p.m.), y en las regiones, en las principales plazas del país.

Estando cercanos a la celebración de la Navidad, tenemos la esperanza de que esta iniciativa sea un punto de inflexión que permita el inicio de procesos de diálogos constructivos y con resultados, a diversos niveles, entre las propias entidades del Estado y con las instituciones de la sociedad civil, con el objetivo de establecer e implementar propuestas de estrategias integrales, participativas y sostenibles que permitan fortalecer el sistema nacional de seguridad ciudadana y resolver esta grave crisis de inseguridad.

Lima, 17 de diciembre de 2023

CONCENTRACIÓN EN LIMA: CAMPO DE MARTE 3 P.M.

Marcha contra la Delincuencia y la Paz

8.0.2.17 Atentado contra la vivienda sostenible

30 de enero 2024

ADI Perú, Asei, CAPECO y la FTCCP se pronunciaron en conjunto sobre la actitud de la Municipalidad de Miraflores que actúa en contra de la vivienda sostenible. El conflicto comenzó en 2019 cuando la anterior gestión municipal promovió beneficios para proyectos inmobiliarios que cumplieran con certificaciones ambientales, impulsando así una construcción más sostenible. Sin embargo, con la llegada del alcalde Carlos Canales en 2023, las reglas cambiaron unilateralmente. Decisiones como el retiro de certificados a varios proyectos generaron protestas desde el sector inmobiliario y constructor, marcando el inicio de un deterioro en las relaciones entre el sector privado y varias municipalidades.

Este desencuentro se agravó cuando el Ministerio de Vivienda intentó aplicar una normativa técnica que promovía la construcción de viviendas sociales en distritos como Miraflores. Alegando la defensa de la “residencialidad”, varios alcaldes paralizaron obras, intentaron retirar proyectos previamente aprobados y obligaron a los promotores a recurrir al Indecopi o al Poder Judicial para defender sus iniciativas. Este conflicto, que comenzó con viviendas sostenibles promovidas por la gestión anterior, se extendió a un choque más amplio entre la política nacional de vivienda social y las normativas locales.

A LA OPINION PÚBLICA

8.0.2.17.1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES ACTUA ILEGALMENTE EN CONTRA

DE LA VIVIENDA SOSTENIBLE

Los firmantes comunicamos a la opinión pública lo siguiente:

1. La Municipalidad Distrital de Miraflores continúa paralizando alrededor de 100 anteproyectos inmobiliarios destinados a promover la vivienda sostenible en el distrito, pese a que emitió Certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios e incluso aprobó dichos anteproyectos conforme a las ordenanzas que regulan la promoción de vivienda sostenible.

2. En efecto, la Municipalidad se niega a aceptar los certificados y rechaza la aprobación de los anteproyectos, imponiéndoles la Ordenanza N° 618/ MM, cuya vigencia es posterior a los anteproyec- tos arbitrariamente paralizados. Lo peor del caso, es que dicha Ordenanza permite que los procedimientos administrativos iniciados bajo la normativa vigente que regula la Licencia de Edificación, se rijan por dicha normativa hasta su culminación. Por ello, resulta arbitrario que la Municipalidad afirme que los certificados emitidos bajo la normativa anterior a la Ordenanza N° 618/MM no sean vinculantes; y/o que los anteproyectos que ya fueron aprobados bajo la normatividad anterior incurran en causal de nulidad.

3. La Municipalidad no ha considerado que los anteproyectos cumplen las reglas establecidas por el marco normativo aplicable como la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, la cual establece además que el certificado tiene una vigencia de 36 meses que no está siendo respetada por esta comuna.

4. Por lo expuesto, expresamos nuestro más enérgico rechazo a la ilegalidad cometida por las autoridades de la Municipalidad Distrital de Miraflores, exhortando a las autoridades competentes a iniciar las acciones legales dirigidas a fin de evitar que se siga causando perjuicios a las familias que demandan una vivienda asequible y sostenible en este distrito.

Lima, 30 de enero de 2024

Antonio Amico

Presidente de ADIPERÚ

José Espantoso

Presidente de ASEI

Jorge Zapata

Presidente de CAPECO

Luis Villanueva Secretario General de la FTCCP

8.0.2.18 Congreso de la República pone en riesgo la seguridad ciudadana

14 de junio 2024

En junio 2024, Gremios empresariales y sindicatos rechazaron un proyecto de ley aprobado en primera votación por el Congreso, que modificaría artículos del Código Penal, debilitando la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Advirtieron que los cambios propuestos excluyen de la categoría de organizaciones criminales a quienes cometen extorsión, asaltos y secuestros, así como a actos de corrupción, al limitar esta definición solo a delitos con penas superiores a seis años.

Entre las críticas, también se cuestiona que el proyecto limite el concepto de organización criminal a grupos que controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, excluyendo a estructuras dedicadas a delitos de extorsión o robo.

Además criticaron que los allanamientos requieran la presencia del investigado y su abogado, eliminando el factor sorpresa y facilitando la ocultación de pruebas. Hicieron un llamado al Congreso a reconsiderar las modificaciones y pidieron al Ejecutivo, Ministerio Público y Poder Judicial pronunciarse para evitar que estas reformas aumenten la vulnerabilidad de la ciudadanía ante la delincuencia.

PRONUNCIAMIENTO

8.0.2.18.1 DECISIONES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PONEN EN MAYOR RIESGO LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

1. Los gremios empresariales y sindicatos de trabajadores del país rechazamos el proyecto de ley, aprobado en primera votación por el Congreso de la República, que propone modificaciones en los ar- tículos del Código Penal y otras normas que luchan contra el crimen organizado, debido a que se pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana en el país.

2. Es grave que se señale como requisito que las organizaciones criminales controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, con lo cual quedarían fuera de quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto, que tienen en zozobra a la población.

3. Cuestionamos la modificación que considera como organización criminal solo a quienes cometan delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción..

4. Asimismo, estamos en total desacuerdo con que los allanamientos deban darse con la presencia del investigado y su abogado, lo que implica perder el factor sorpresa de estas intervenciones o incluso facilitaría el eventual ocultamiento de pruebas de los casos.

5. Llamamos al Congreso de la República a que considere estas observaciones en la segunda votación del referido proyecto. Igualmente, esperamos que el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial sienten su posición frente a las citadas modificaciones que, de prosperar, harán que los peruanos estemos más expuestos ante extorsionadores, asltantes y secuestradores. No podemos retroceder en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Lima, 14 de junio de 2024

8.0.2.19 Urge protección a los trabajadores

15 de agosto 2024

En medio de un contexto de creciente inseguridad ciudadana y falta de respuestas concretas del Gobierno, el 15 de agosto de 2024, el Comité contra la Delincuencia y por la Paz, integrado por la Sociedad Nacional de Industrias, ADEX, CONFIEP, la Cámara de Comercio de Lima, AGAP, la CGTP, la Federación y CAPECO, condenó enérgicamente el asesinato de Arturo Cárdenas, secretario general del sindicato de Lima y Balnearios.

Este trágico hecho sumó la alarmante cifra de 24 asesinatos de dirigentes sindicales que luchan por la formalización laboral en el sector construcción, evidenciando el grave impacto de la delincuencia organizada en el país. El asesinato de Cárdenas resaltó la vulnerabilidad de quienes defienden la legalidad y la formalidad en un entorno dominado por extorsiones y violencia.

Ante esta situación, los gremios reiteraron su exigencia al Gobierno y a las entidades competentes para que asuman un compromiso real en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Subrayaron la necesidad de medidas inmediatas y efectivas para proteger a los trabajadores y garantizar condiciones seguras que permitan el desarrollo del sector y la estabilidad social.

8.0.2.19.1 COMITÉ CONTRA LA DELINCUENCIA Y POR LA PAZ CONDENA ASESINATO DE DIRIGENTE SINDICAL

Siendo la inseguridad ciudadana uno de los más urgentes e importantes problemas nacionales, el conjunto de organizaciones sindicales y gremios empresariales que suscribimos el presente comunicado hemos planteado propuestas para enfrentar la criminalidad organizada y la delincuencia común.

Estando comprometidos en participar en la concreción de tales propuestas, quedamos consternados e indignados por el execrable asesinato de Arturo Cárdenas, secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios, que es base de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. (FTCCP), en los momentos en que abandonaba su local sindical.

Este acto criminal tiene como fin acabar a los dirigentes sindicales de la FTCCP, que siendo parte de nuestro comité, enfrentan con la razón de la ley a los delincuentes que viven del cobro de cupos y de otras modalidades extorsivas, contra los trabajadores, profesionales y empresarios del sector construcción.

Exigimos a la Policía Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio Público y Poder Judicial, así como al Gobierno en su conjunto, capturar, procesar y sentenciar a los autores materiales e intelectuales de este cobarde crimen que tiene como fin acabar con los dirigentes que defienden el derecho al trabajo y la inversión sin extorsión.

Asimismo y una vez más, demandamos del Gobierno y de los sectores competentes un real compromiso en su lucha contra la inseguridad ciudadana. Para la gran mayoría de la población, el avance es mínimo y la sensación de desprotección muy grande. No sigamos permitiendo que la impunidad para los delincuentes y criminales sea la moneda de cambio de nuestra sociedad.

Lima, 15 de agosto de 2024

CADE 2022

8.1 “Lo más importante en una empresa son los trabajadores”

El 9 de noviembre de 2022, durante la mesa redonda titulada “Los empleos en riesgo”, parte de la sección “Inversión privada para el progreso” en CADE 2022 (*), se abordaron temas clave relacionados con la generación de empleo, la informalidad y el papel de la inversión privada en el desarrollo social.

La mesa contó con la participación de destacados líderes como Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP; Paola del Carpio Ponce, coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo; y Juan Stoessel, director general de Hoteles Casa Andina, y Luis Villanueva Carbajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y presidente de la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP).

En su intervención, Luis Villanueva Carbajal, expuso una visión crítica y propositiva sobre la relación entre el crecimiento económico, el empleo formal y los derechos laborales, destacando la necesidad de construir consensos entre los actores sociales y promover políticas que favorezcan el bienestar de los trabajadores y el desarrollo sostenible. A continuación, se presenta un resumen de sus principales reflexiones y propuestas.

La inversión es el motor del desarrollo, y tanto el sector público como el privado juegan un papel clave en este proceso. Sin embargo, es la inversión privada la que necesita fortalecerse, no solo en volumen, sino también en calidad. Su impulso es esencial para dinamizar la economía, generar empleo formal y contribuir a un progreso sostenible que beneficie a toda la sociedad.

En el Perú, a pesar de dos décadas de crecimiento económico, no ha avanzado proporcionalmente en la generación de empleo formal con derechos. Este tipo de empleo se ha man-

(*) CADE, es la Conferencia Anual de Ejecutivos, un evento anual que reúne a líderes empresariales, políticos y académicos. En este evento se discuten temas relacionados con el desarrollo empresarial, las políticas públicas y el crecimiento económico. Es organizada por IPAE Acción Empresarial desde 1961.

CADE 2022. Juan Stoessel, director general de Hoteles Casa Andina; el secretario general de la FTCCP y presidente de la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP); Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP y Paola del Carpio Ponce, coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo.

tenido históricamente en torno al 23% - 24%, incluso en épocas de bonanza económica. Este desafío no es responsabilidad exclusiva de los gobernantes, sino de todos los sectores: autoridades, empleadores y trabajadores.

Para atraer inversión privada, se requiere establecer condiciones como estabilidad política, predictibilidad y compromisos claros entre los actores involucrados. Es necesario priorizar la creación de empleo formal y con derechos, abordando el problema estructural de la informalidad, que no solo vulnera derechos laborales, sino que también genera competencia desleal a las empresa y obstaculiza los planes de desarrollo.

El movimiento sindical tiene claro que la institucionalidad es fundamental para generar condiciones, en este caso, para crear el trabajo formal, pero se conoce que la institucionalidad en el Perú está venida a menos.

La institucionalidad laboral en el Perú ha sufrido un deterioro significativo en las últimas tres décadas. El Ministerio de Trabajo se ha reducido a una instancia administrativa que no cumple con su razón de ser: generar políticas de Estado en materia de empleo. Este ministerio ha perdido atribuciones clave, las cuales no han sido restituidas, y enfrenta un castigo presupuestario que limita seriamente su capacidad operativa.

En cuanto al Consejo Nacional de Trabajo, instancia de diálogo tripartito que funciona dentro del Ministerio, su impacto ha sido mínimo debido a la falta de resultados concretos. Se destaca la importancia de contar con espacios efectivos de diálogo, donde los temas puedan ser discutidos y consultados. Si no se logra consenso, se considera necesario que el Estado asuma la responsabilidad de tomar decisiones.

El fortalecimiento institucional no debe limitarse al ámbito público, sino también abarcar al sector privado. Es crucial contar con gremios empresariales sólidos que inspiren confianza, así como con organizaciones sindicales capacitadas y comprometidas con una visión de país. A pesar de los golpes que el movimiento sindical ha recibido en las últimas décadas, incluyendo persecución, se insiste en la necesidad de sindicatos fuertes, ya que estos no representan una amenaza para los empleadores, sino un aliado estratégico.

El movimiento sindical ha evolucionado para adaptarse a los cambios en los medios de producción y al crecimiento de la informalidad. Actualmente, una parte significativa de la masa laboral corresponde al autoempleo y a sectores informales. En este contexto, los sindicatos ya no se limitan a la defensa de derechos y salarios; ahora también trabajan para incluir a los trabajadores informales en propuestas que promuevan su integración y desarrollo.

Es fundamental que el sector empresarial considere ejemplos exitosos como el que ocurre en el sector de construcción, que utiliza la negociación colectiva por rama de actividad. En el Perú, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo prioriza la negociación por empresa, una práctica que no resulta la más adecuada según diversas experiencias. La negociación por actividad económica permite que los sindicatos no solo aborden aumentos salariales y condiciones laborales, sino que también promuevan la sostenibilidad y el crecimiento del sector económico al que pertenecen. En el caso de la construcción, la colaboración entre CAPECO y la FTCCP ha dado lugar a la formulación conjunta de propuestas de política pública.

Entre las preocupaciones del sector se encuentran temas como el desarrollo territorial y el crecimiento urbano, con énfasis en la necesidad de ciudades inclusivas. También se trabaja en la revisión de la Ley de Contrataciones del Estado, planteando modificaciones que buscan combatir la corrupción sistémica en el país. En cuanto a la protección social, se enfatiza que un aumento en el empleo formal conlleva mayores niveles de protección social.

El sistema de salud no contributivo gestionado por el MINSA ha mostrado sus limitaciones, como quedó evidenciado durante la pandemia. Sin embargo, el sistema contributivo de EsSalud también enfrenta graves deficiencias. A pesar de recaudar alrededor de 13 mil millones de soles anualmente, los servicios ofrecidos son insuficientes para atender a los 12 millones de personas bajo su cobertura. Entre los problemas identificados se encuentran la influencia política en la designación de su presidencia ejecutiva, la falta de financiamiento y el elevado nivel de deuda tanto pública como privada. Para fortalecer EsSalud, es necesario mejorar la recaudación, explorar sistemas de copago implementados en otros países y optimizar la administración de recursos(*).

En cuanto a la tercerización, la experiencia histórica demuestra que los cambios en la institucionalidad laboral basados en la imposición de un sector sobre otro no son sostenibles. Es necesario generar acuerdos entre los actores sociales para garantizar la predictibilidad y el entendimiento mutuo. La legislación sobre tercerización contiene principios adecuados, como limitar la externalización del núcleo duro de las actividades de una empresa a proveedores especializados. Sin embargo, la reglamentación ha distorsionado estos principios, afectando la aplicación efectiva de la ley.

Es fundamental priorizar la generación de empleo digno y fortalecer las mesas de trabajo centradas en las coincidencias entre empleadores y trabajadores. Si bien existen diferencias que requieren soluciones a largo plazo, es posible trabajar de manera inmediata en áreas de consenso. El reconocimiento del rol esencial de los trabajadores como pilar de las empresas es clave para garantizar el desarrollo sostenible y la productividad empresarial. Invertir en el bienestar laboral no solo fortalece las organizaciones, sino que impulsa el progreso del país.

Es importante la inversión privada, la inversión pública; es importante tener buenos CEOs, buenos gerentes; pero lo más importante en una empresa son los trabajadores. Empresa que tiene buenos trabajadores será una empresa de éxito.

(*) Al término del panel, Luis Villanueva Carbajal y Óscar Caipo Ricci en representación de la CGTP y de CONFIEP, respectivamente, se comprometieron a trabajar una propuesta conjunta para la modernización del Seguro Social de Salud - EsSalud y la recuperación de su modelo de gestión tripartito, a través de una iniciativa legislativa.

CADE 2024

8.2 “Se necesita voluntad política para acabar con la extorsión y el sicariato”

El 27 de noviembre de 2024, durante el evento CADE 2024, se llevó a cabo la mesa “Formalización y seguridad: propuestas de los trabajadores y empresarios”, como parte de la sección “Reconstruyendo el futuro”.

En esta participaron destacados representantes de diversos sectores, entre ellos, Alfonso Bustamante, presidente de la CONFIEP; Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO).

Durante la sesión, se abordaron propuestas clave para promover la formalización laboral y mejorar la seguridad en el sector, destacando la colaboración entre trabajadores y empresarios como eje central para el desarrollo del país. A continuación, se publica un resumen de la exposición de Luis Villanueva Carbajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP).

No cabe duda de que la reconstrucción del futuro es un objetivo compartido por todos los peruanos, así como el deseo de dejar atrás la degradación que ha afectado diversos aspectos de la sociedad. Desde la perspectiva laboral, se considera que este desafío puede enfrentarse mediante un esfuerzo conjunto que involucre a trabajadores, empresarios y a toda la ciudadanía.

La informalidad y la inseguridad son problemas sensibles que impactan a la población en general y contribuyen a la generación de conflictos sociales. En este contexto, se ha destacado, en diferentes foros, la importancia de una inversión privada sostenida como una herramienta clave para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo. Sin embargo, se subraya que esta inversión debe complementarse con una sólida cultura de diálogo, un modelo que ha dado resultados positivos en el sector construcción.

A lo largo de los años, el sector construcción ha sido un ejemplo de cómo el diálogo puede contribuir a solucionar problemas graves. Desde 2004, se identificó el fenómeno de la ex-

El sector construcción ha demostrado que el diálogo puede enfrentar graves problemas como la extorsión y la infiltración criminal, fenómeno detectado desde 2004 y agravado por la falta de acción efectiva de las autoridades, lo que ha permitido la expansión del crimen organizado en el sector.

torsión en las obras de construcción, una situación que se ha agravado con la aparición de bandas criminales y organizaciones que operan bajo la fachada de sindicatos sin serlo realmente. A pesar del paso de dos décadas, el problema persiste, en parte, por la falta de acción y decisiones contundentes por parte de las autoridades. La inacción de diversos gobiernos ha permitido que el crimen organizado amplíe su presencia en el sector.

Ante esta situación, empresarios de CAPECO y representantes de los trabajadores, organizados en su federación, decidieron trabajar juntos para abordar el problema. En 2013, se formó una comisión multisectorial para analizar la situación, con la participación de instituciones clave como el Ministerio Público, el Poder Judicial, ministerios relacionados con la construcción, empresarios y trabajadores. La comisión concluyó que, desde 2007, habían surgido seudosindicatos que funcionaban como fachadas para actividades delictivas, incluyendo la extorsión y el asesinato de empresarios y trabajadores. Entre las propuestas generadas estuvo la implementación de registros sindicales más rigurosos, un proceso que, hasta la fecha, no ha sido completado de manera adecuada.

Adicionalmente, se creó una comisión multisectorial en el Ministerio del Interior para dar

seguimiento a estos problemas, iniciativa impulsada tanto por los trabajadores como por

El Comité de Formalización del Sector Construcción, impulsado por CAPECO y la FTCCP, ha promovido la formalización laboral y la competencia leal, logrando superar los 145 mil trabajadores formales, un hito sin precedentes que refleja el impacto del diálogo y la colaboración sectorial.

los empresarios. No obstante, se reconoce que aún queda mucho por hacer para implementar las medidas necesarias y resolver definitivamente estos problemas que afectan a todo el sector y al desarrollo del país.

Los problemas de inestabilidad política, junto con el constante cambio de ministros, dificultan la implementación de políticas adecuadas, lo que ha llevado a la inoperancia de diversas comisiones y a la falta de resultados concretos. Una de las mayores preocupaciones es la atención que algunas autoridades brindan a bandas criminales que operan bajo la fachada de sindicatos. En esa línea, durante el contexto de la APEC, se evidenció que líderes de estos seudosindicatos mantuvieron reuniones con altos funcionarios del Ministerio del Interior. Además, algunos congresistas han recogido propuestas de estos grupos para convertirlas en proyectos de ley. En el sector construcción, se ha observado una amenaza directa hacia instituciones como el CONA, que reúne a empresarios y trabajadores, pues se busca incluso su disolución.

Esta situación refleja la falta de voluntad política para abordar el problema de manera contundente. Frente a ello, trabajadores y empresarios tienen la responsabilidad de tomar la iniciativa y buscar soluciones conjuntas. En contextos pasados, como a finales de los años 80 y principios de los 90, el país enfrentó retos aún más complejos, con una economía devastada y el azote del terrorismo. Sin embargo, se logró superar ese escenario, y hoy en día se cuenta con una economía más sólida. Aunque el país enfrenta ahora amenazas diferentes, como las bandas criminales, existe una mayor coincidencia entre gremios empresariales y trabajadores, lo que representa una oportunidad valiosa para generar avances significativos.

Una de las propuestas recientes, conocida como el Combo Formalizador, se percibe como una iniciativa positiva por basarse en principios económicos y en la promoción de incentivos tributarios y laborales. No obstante, se considera que esta propuesta puede ser perfeccionada mediante la creación de comités de trabajo conjuntos entre trabajadores y empresarios, donde se aborden temas clave relacionados con la generación de empleo y el fortalecimiento del sector. Estas medidas pueden contribuir a lograr un impacto significativo en el crecimiento del empleo formal, que es un objetivo prioritario para los trabajadores.

En el sector construcción, un ejemplo concreto de avance es el Comité de Formalización del Sector Construcción, creado hace cuatro años por CAPECO y la FTCCP. Este comité ha impulsado diversas gestiones enfocadas no solo en mejorar el cumplimiento de los derechos laborales, sino también en combatir la competencia desleal entre empresas constructoras. Como resultado de estas acciones conjuntas, el número de trabajadores formales en el sector ha superado los 145 mil, una cifra que nunca antes se había alcanzado. Este logro demuestra que, con acuerdos entre los actores involucr ados, es posible avanzar hacia un sector más formal y competitivo.

CADE 2024

8.3 Construcción de consensos y lucha contra la informalidad,

una experiencia de diálogo

En línea con las reflexiones previas sobre la necesidad de enfrentar la informalidad y fortalecer la seguridad en el sector construcción, en la charla “Formalización y seguridad: propuestas de los trabajadores y empresarios”, desarrollada durante el evento CADE 2024 como parte del bloque “Reconstruyendo el futuro”, Jorge Zapata, presidente de CAPECO, destacó propuestas concretas para mejorar las condiciones laborales en el sector, subrayando el rol que deben asumir tanto el Estado como los gremios empresariales y sindicales en la construcción de un entorno más formal y seguro.

En este espacio de diálogo, estuvo acompañado por Alfonso Bustamante, presidente de la CONFIEP, y Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, cuyas intervenciones reafirmaron el consenso del sector privado sobre la urgencia de abordar estos desafíos de manera articulada y con énfasis en los problemas más críticos que enfrenta el país.

La violencia, la extorsión y la delincuencia constituyen fenómenos que afectan gravemente al país, frenando su desarrollo y perjudicando especialmente a las poblaciones más vulnerables. Frente a esta realidad, el sector construcción ha desarrollado una experiencia positiva basada en la construcción de confianza y el diálogo sostenido entre trabajadores y empresarios, promovida desde hace más de dos décadas.

Esta plataforma de entendimiento permitió enfrentar, en una primera etapa, problemas asociados a la informalidad y a la inseguridad en las obras de construcción, entre ellos la extorsión, que afectó tempranamente al sector. La respuesta fue conjunta: trabajadores y empresarios exigieron al Estado la adopción de medidas específicas y se movilizaron de manera coordinada, lo que derivó en la creación de una división especializada en la protección de obras civiles. Con el paso del tiempo, el alcance de esta instancia se fue menguando; sin embargo, la articulación lograda se mantuvo y permitió consolidar una alianza orientada a incidir en temas clave del desarrollo nacional.

Esta experiencia de cooperación y diálogo dio lugar a un pacto entre empresarios y trabajadores por un país mejor, que ha trascendido el ámbito sectorial. Ambos actores han actuado de manera conjunta para exigir soluciones frente a la ineficiencia del Estado en áreas como educación y salud, donde, pese al aumento del presupuesto, los servicios públicos no han mejorado sustancialmente. En ese contexto, se sostiene que la sociedad civil organizada debe asumir un rol más activo en la formulación, vigilancia y evaluación de las políticas públicas.

Uno de los mayores retos del sector construcción es la alta informalidad que afecta tanto a los trabajadores como a los empresarios. Una de las causas principales es la actuación del propio Estado, que promueve prácticas informales a través de la contratación en obras por administración directa o mediante procesos de selección que no exigen la formalización de la mano de obra.

La informalidad es un fenómeno complejo y extendido en el país. Está presente no solo en la construcción, sino también en otros sectores como el comercio y el transporte. Combatirla requiere diálogo y acuerdos. No se trata de reducir drásticamente los niveles de informalidad en el corto plazo, sino de construir una hoja de ruta clara, consensuada, que permita avanzar progresivamente hacia estándares internacionales.

Para avanzar en ese objetivo, resulta indispensable construir consensos en torno a políticas públicas de largo plazo. A diferencia de países como España, Uruguay o Chile, el Perú no cuenta con un pacto nacional amplio que oriente su desarrollo más allá de los ciclos gubernamentales; un plan nacional concertado, con visión de futuro y respaldo social y político, permitiría sostener políticas de Estado estables.

Si bien existen temas en los que no hay consenso, también hay amplias coincidencias que pueden dar lugar a grandes acuerdos. Para ello, es clave restablecer la confianza como base del diálogo. La experiencia del sector construcción, a través de la relación entre empresarios y trabajadores organizada en la Federación de Construcción Civil, demuestra que es posible construir consensos y trabajar unidos por objetivos comunes.

Ese es el camino que debe seguir el país: construir una plataforma de diálogo firme y confiable, capaz de enfrentar los desafíos estructurales que impiden su desarrollo. La confrontación y polarización solo agravan los problemas; el consenso y la concertación son claves para superarlos.

8.3.1 Marcha contra la delincuencia y por la paz

Por: Fernando Carvallo Rey

20 de Diciembre del 2023

Para todos está claro, que los ministros del Interior cambian, pero subsiste la falta de un plan y de reformas que hagan eficaz el trabajo de la Policía Nacional.

La marcha realizada ayer en el Centro de Lima contra la delincuencia y por la paz tiene un valor simbólico considerable porque desmiente que estemos condenados a la resignación y la polarización.

En un país tentado constantemente por los enfrentamientos y las exclusiones, la marcha ha dado una señal de unión ante una amenaza que nos concierne a todos: el incremento de la delincuencia y la implantación de organizaciones criminales de alcance internacional. La delincuencia y el crimen ponen en riesgo la vida humana pero también el derecho a vivir, trabajar y desplazarnos en paz. Y afecta la vida de las empresas, perjudicando a la vez a los empleadores y los trabajadores.

Por eso es relevante que la marcha fuera convocada por los actores del primer sector productivo que fue afectado por el sicariato y la extorsión: la construcción civil. La Federación nacional de trabajadores de la construcción civil y la Cámara peruana de la Construcción mantienen desde hace dos décadas un diálogo social que ha favorecido la eficiencia de un sector que aporta viviendas e infraestructuras.

Fernando Carvallo. Periodista y filósofo. Graduado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, obtuvo maestrías en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Berlín y en Historia en la Universidad de París. Trabajó en Radio Francia Internacional y representó al Perú ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Actualmente, es conductor del programa radial “Ampliación de Noticias” en RPP.

Hace años manifestaron juntas contra la criminalidad que entretanto ha costado la vida a 21 trabajadores, que se negaron a someterse al régimen de cupos y trabajadores fantasmas. Pero esta vez, los actores de ese sector han logrado reunir a otros gremios, como Confiep, Sociedad nacional de Industrias, Asociación de gremios agrarios, ADEX, representantes de mototaxistas y otros. Esos dirigentes solicitan ahora participar en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, precisamente porque la seguridad es una responsabilidad de todos.

El gobierno debería escuchar la voz que ha resonado en las calles y que en vez del mero descontento puede contribuir con estrategias. Para todos está claro, que los ministros del Interior cambian, pero subsiste la falta de un plan y de reformas que hagan eficaz el trabajo de la Policía Nacional. La seguridad no debe ser materia de divisiones. Solo unidos podemos derrotar al crimen que se organiza con jerarquías claras y aspira a controlar cada vez más parcelas de nuestro territorio.

8.3.2 Trabajando unidos

en propuestas concretas

Por: Nicolás Lúcar de la Portilla

Agosto del 2023

El Perú enfrenta un panorama complejo: una creciente inseguridad ciudadana, una crisis económica que afecta a millones, y la amenaza del Fenómeno del Niño, cuya magnitud esperamos no sea devastadora. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el país también cuenta con enormes oportunidades que pueden ser aprovechadas si se toman decisiones acertadas y se construye una agenda clara para el desarrollo. Lamentablemente, la respuesta de la clase política no ha estado a la altura de estas circunstancias.

En contraste, lo que resulta inspirador es el trabajo conjunto entre actores que históricamente se han visto como opuestos. Por ejemplo, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil y CAPECO, tradicionalmente enfrentados en la negociación de pliegos de reclamos, ahora trabajan unidos en propuestas concretas para abordar los grandes desafíos del país. Este esfuerzo rompe con prejuicios como la falta de espíritu social en los empresarios o el rol conflictivo de los sindicatos. Juntos están demostrando que es posible discutir soluciones integrales para construir un mejor Perú.

En paralelo, otras iniciativas también destacan. La Sociedad Nacional de Industrias impulsa mesas técnicas de diálogo en las cuatro macrorregiones, promoviendo un enfoque descentralizado para el desarrollo. En regiones como Piura, actores locales —colegios profesionales, cámaras de comercio, juntas de riego y la sociedad civil— ya tienen claras las prioridades para su territorio, aunque carecen de herramientas para incidir en las decisiones tomadas por otros. Estas propuestas, dispersas pero valiosas, necesitan ser articuladas en una visión común.

Nicolás Lúcar. Periodista. A lo largo de su carrera, ha liderado espacios como “La Revista Dominical” en América TV, “Día D” en ATV y “Punto Final” en Latina. Actualmente, es conductor en Radio y TV Exitosa, donde presenta el programa “Hablemos Claro”

El reto ahora es reunir estas iniciativas en un proyecto unificado que trascienda intereses particulares y no dependa de la búsqueda de un “salvador” político. Se trata de definir un horizonte claro, un país al que queremos llegar, y los caminos que nos llevarán hasta allí. La elección de quién liderará ese proceso debe resolverse mediante elecciones democráticas y transparentes, pero lo urgente es que los actores sociales y económicos den el siguiente paso hacia un trabajo colectivo.

La responsabilidad está en gran medida en manos de quienes ya han demostrado que es posible avanzar, como los líderes del sector construcción. Las reuniones, debates y propuestas que han impulsado son un ejemplo de cómo salir del estancamiento que tanto daño nos está causando. Ahora, el desafío es consolidar estos esfuerzos en acciones que permitan al país avanzar, dejando atrás el fango de divisiones e ineficiencias en el que aún estamos atrapados.