11 EPÍLOGO
Por: Alejandro Garland Stromsdorfer, Presidente del Consejo Directivo de la Cámara Peruana de la Construcción 2025 - 2027
La finalidad de este libro no ha sido únicamente describir una experiencia concreta, sino demostrar que el diálogo puede ser un poderoso instrumento para definir soluciones eficientes, durables y justas. Que, partiendo desde el disenso o incluso desde el enfrentamiento, es posible encontrar caminos para alcanzar propósitos comunes. Y que, aun si el ansiado acuerdo tome tiempo en concretarse, vale la pena hacer un esfuerzo para acercar progresivamente posiciones divergentes y evitar así la confrontación, que inmoviliza y divide.
Desde su fundación en 1958, la Cámara Peruana de la Construcción ha recurrido al diálogo para impulsar el perfeccionamiento de las políticas públicas de vivienda, infraestructura y desarrollo urbano; la competitividad y sustentabilidad de la industria de la construcción; y la mejora de las condiciones de vida y oportunidades para quienes laboran en el sector. En este libro abundan los ejemplos de cómo esta interacción proactiva ha generado beneficios para las empresas, los trabajadores, el Estado y, lo más importante, para la sociedad en su conjunto.
Muchas de estas iniciativas se han desarrollado juntamente con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, fortaleciéndolas. No fue fácil encontrar puntos de vista coincidentes. La Federación, desde que fue fundada también en 1958, tenía interés en promover la negociación colectiva por rama de actividad, lo que motivó intensas y difíciles discusiones con CAPECO y la participación mediadora de la autoridad nacional del trabajo. Finalmente, en 1962, ese régimen especial fue consagrado legalmente y, rigió ininterrumpidamente hasta mediados de la década de los noventa del siglo pasado. Cambios en la legislación laboral del país generaron un paréntesis de varios años en que la pertinencia de este régimen fue discutida judicialmente hasta que, en 2003, una sentencia del Tribunal Constitucional lo restituyó.
Paradójicamente, después de ese largo periodo de conflicto, la relación entre la Federación y CAPECO se fortaleció progresivamente, como ha quedado descrito en la Parte 1 de este libro. A consecuencia de ello, desde hace veintidós años, ambas instituciones han forjado un amplio espacio de diálogo social, basado en el respeto mutuo, el reconocimiento de los intereses legítimos de la otra parte y la capacidad por encontrar aquello que las une por encima de lo que puede separarlas. En todo este tiempo se ha logrado una mejora sustantiva en los ingresos y las condiciones de vida de los trabajadores del sector construcción, un incremento en la competitividad de las empresas y el mantenimiento de la paz laboral en la actividad constructora, pese al accionar cada vez más violento de organizaciones delincuenciales que se esconden tras la fachada de seudo-sindicatos de construcción.
Además, esta relación especial ha permitido alcanzar otros hitos significativos como la creación del CONAFOVICER, del SENCICO, de la Empresa Prestadora de Servicios de Salud GRANDIA y del Fondo para la Capacitación de la Construcción, entidades que promueven el acceso de los trabajadores a la educación técnica, a servicios de salud, a la recreación y a otras prestaciones sociales, como se ha detallado en la Parte 4 de este volumen.
Pero, desde hace una década, este esfuerzo conciliador también ha motivado que CAPECO y la FTCCP se comprometan a trabajar propuestas conjuntas para abordar los problemas que afectan al sector construcción y actividades vinculadas, como se ha descrito en la Parte 5 de esta publicación. El denominador común de estas propuestas es el propósito de promover una construcción formal, segura y sostenible. Como se ha mencionado en la Parte 2 de esta obra, siete de cada diez viviendas se construyen de manera informal en nuestro país, y más del 90% de las áreas de expansión de las cuarenta ciudades más pobladas han sido ocupadas mediante tráfico de tierras y lotizaciones irregulares. Pese a que desde el 2002 se implementó una política habitacional innovadora, proceso en el que tanto la FTCCP como CAPECO participaron a través de la Comisión Consultiva de Vivienda y Urbanismo, subsiste todavía un patrón de asentamiento poblacional y de producción de vivienda informal que es necesario modificar radicalmente.
En esa línea, en 2018, CAPECO presentó la iniciativa Construyendo Formalidad que planteaba cinco objetivos estratégicos para reducir la informalidad en la construcción que también han sido recogidos en la Parte 7 de esta publicación. Este desafío sigue vigente, debido a que el tráfico de tierras; la urbanización informal; la ausencia de profesionales en el diseño y construcción de edificaciones; la comercialización de materiales de construcción que no cumplen estándares técnicos o ambientales mínimos; y la imposibilidad de registrar la propiedad de lo construido no se han podido controlar, perjudicando tanto a las familias como al Estado. Se necesita cambiar de paradigma: hay que invertir para evitar invadir, y evitar invadir para evitar malgastar.
Un segundo reto es el de la construcción segura. Y este tiene varias aristas: la seguridad jurídica, que consiste en la previsibilidad de las decisiones administrativas y en la aplicación de la ley. La seguridad física que implica la reducción del accionar criminal de organizaciones delincuenciales que se han extendido en la actividad constructora. Y la seguridad del proceso de construcción, que exige una adecuada supervisión técnica; una intensa y permanente capacitación de los recursos humanos, así como el empleo de materiales, equipos y sistemas constructivos más confiables y mejor controlados. En estos asuntos, CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú también han trabajado propuestas conjuntas que han sido compartidas con las autoridades del sector y que adquieren especial actualidad en momentos en que la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos peruanos, como se ha mostrado en la Parte 3 de este documento.
Por último, se necesita impulsar la sostenibilidad en la actividad constructora, entendiendo a esta en su triple impacto: económico, social y ambiental. En esta línea, se requiere (i) una construcción más eficiente en términos de costo y durabilidad en todo el ciclo de vida de las infraestructuras y los equipamientos; (ii) que se oriente a satisfacer las necesidades de la sociedad, en particular de las familias de menores recursos, y a promover el empleo en el sector; y (iii) que sea compatible con los objetivos de adaptación al cambio climático, el impulso a la economía circular y la descarbonización de los procesos constructivos.
Alcanzar estos objetivos requiere además la implementación de una política de innovación e investigación en la actividad constructora, que además sea compatible con la política nacional de ciencia y tecnología y los planes de competitividad. En esta línea, como se postula en este libro, es imprescindible reformular el rol que cumple el SENCICO y reorientar el destino de sus recursos, teniendo en cuenta que además de su función de formación de cuadros técnicos, esta entidad tiene a su cargo las de investigación y de normalización, al haber asumido en 1995 las atribuciones del Instituto Nacional de Investigación y Normalización en Vivienda y Construcción – ININVI.
Coincidentemente, también desde hace diez años, el Perú comenzó a vivir una situación muy singular. Por un lado, se han acentuado el enfrentamiento político, la debilidad institucional y el conflicto social. Pero, simultáneamente, a nuestro país se le abren grandes oportunidades para fortalecer su economía y expandir el bienestar social, debido a las riquezas naturales con que cuenta, a su ubicación privilegiada en el Océano Pacífico y al potencial competitivo que tiene en muchos sectores productivos, especialmente en la minería, la agroindustria, la pesca, la textilería, el turismo, la gastronomía, la forestería y, por supuesto, en la construcción. Para superar la crisis que nos afecta y comenzar a aprovechar las potencialidades de las que dispone nuestro país, es necesario llevar adelante una agenda común y de largo plazo, que sea producto de un amplio consenso entre la sociedad y el Estado, que trascienda a los periodos gubernamentales, y que sea resiliente frente a las vicisitudes de la coyuntura.
Con esto en mente, en febrero del 2022, CAPECO y la Federación suscribieron el Pacto por la Construcción de un Perú Mejor, que tiene como propósito impulsar una profunda reforma de las políticas públicas relacionadas con la vivienda, la infraestructura y el acondicionamiento territorial, condición indispensable para que nuestro país pueda alcanzar el desarrollo sostenible. Los objetivos, alcances y planteamientos específicos de este Pacto han sido detallados en la Parte 7 de este libro y, previamente, fueron expuestos sistemáticamente a líderes políticos, empresariales, sindicales, sociales y de opinión a través de los Desayunos de la Construcción, desarrollados, a nivel nacional, por el CONAFOVICER, la Federación y CAPECO, como se describe en la Parte 6 de esta obra.
Como puede verse, son muy demandantes los desafíos a superar para que la construcción en nuestro país alcance niveles apropiados de formalidad, seguridad y sostenibilidad. Pero este libro ha permitido evidenciar los avances que ha alcanzado la industria en estos objetivos, reflexionar sobre los siguientes pasos que se deben dar para consolidarlos, en el marco de este proceso de diálogo y acuerdo social que permite proponer, debatir y consensuar iniciativas que ayuden a superar estos retos.
Como se ha señalado en las páginas finales de esta obra, ante la inminencia de las elecciones generales, ambos gremios se proponen difundir este Pacto entre las organizaciones políticas que aspiran a administrar el país en los próximos cinco años, con la finalidad de que sus iniciativas sean incluidas en sus agendas gubernamentales.
En esta línea, en el pacto colectivo sectorial correspondiente al 2026, suscrito cuando este libro entraba a imprenta, las dos partes han dispuesto la creación de la Comisión Permanente de la Industria de la Construcción con el propósito de investigar la problemática sectorial y proponer soluciones eficientes y sostenibles a los desafíos que confronta la actividad constructora. Pero también se comprometen a hacer todos los esfuerzos posibles para “escalar” este espíritu de diálogo con la finalidad de impulsar un gran Pacto Económico, Social e Institucional que aborde, sobre todo, los mecanismos que deben ponerse en práctica para alcanzar el crecimiento económico sostenible, la reforma político-electoral, la modernización del aparato Estatal y la restitución de la seguridad ciudadana y la paz social.
Se trata, qué duda cabe, de propósitos indispensables para nuestro país, pero su concreción es compleja y no exenta de obstáculos. Y el diálogo no siempre es bien ponderado como instrumento legítimo y eficiente para alcanzarlos. Sócrates, el gran filósofo griego, sostenía que “de la discusión nace la luz”. Y puso en práctica un método, la mayéutica, para promoverlo. Su vocación por el debate y la persuasión fue incomprendida por sus contemporáneos, que lo condenaron a muerte. Pudiendo huir, prefirió sacrificarse antes que traicionar sus principios y su vocación ciudadana. Pero su ejemplo y su mensaje trascendieron el tiempo, y renuevan la fe de quienes creen que del consenso entre la sociedad y el Estado surgirán las respuestas factibles y duraderas a los grandes problemas del país, que permitirán a todos los peruanos a aspirar a una vida plena y libre.
“Hay, hermanos, muchísimo que hacer” reclamaba el poeta César Vallejo hace casi un siglo. Y ese mensaje adquiere una inusitada vigencia en un momento tan complejo como el que hoy vive nuestro país. Sólo un amplio consenso social e institucional, del que nadie debe excluirse, hará posible emprender una agenda reformista que nos encamine al sueño de legar un mejor país a los peruanos del futuro.